Oposición, en desacuerdo si se concreta

Ven “venganza política” en acción hacia juristas

Movimiento Ciudadano se une a la queja del PRI para acusar la intervención de la Fiscalía General de la República; Ricardo Anaya afirma que reforma no resolverá problemas de justicia

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación hizo la petición. Foto: Frrepik

El senador Manuel Añorve del PRI, y Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, coincidieron en que el acuerdo que adoptó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los jueces que han otorgado suspensiones y amparos contra la reforma judicial es “venganza política”.

A los reclamos se sumó el senador Ricardo Anaya, quien aseguró que la decisión del CJF es “un exceso que deja al descubierto una venganza política”.

“Es inaceptable el uso de las instituciones de procuración de justicia con fines políticos. Los jueces resolvieron lo que consideraron apegado a derecho y quien no esté de acuerdo con sus resoluciones sabe que el camino es impugnarlas ante su superior jerárquico, no tratar de meterlos a la cárcel”, argumentó.

Inadmisible que ante la pérdida de estado de derecho, porque eso es lo que ha sucedido, quienes hacen su trabajo como juzgadores hoy sean perseguidos políticos
Clemente Castañeda, Senador de MC

Anaya recordó que desde el inicio comentó que la reforma no resolverá los problemas de justicia, esto desde que el Senado de México aprobara la reforma al Poder Judicial con el voto decisivo del opositor Miguel Ángel Yunes Márquez.

En tanto, Manuel Añorve consideró que se trata de “un exceso con tintes autoritarios, porque ellos (el CJF) no se manejan solos ni fue algo espontáneo: es para amedrentar, para tratar de poner de rodillas a los jueces que lo único que hacen es aplicar la ley y las atribuciones que les da la Constitución”.

El coordinador del PRI en el senado de la república, dijo que “no estamos en una dictadura, estamos en una democracia”; insistió que lo que se quiere instaurar “es una dictadura”.

Inaceptable el uso de las instituciones de procuración de justicia con fines políticos. Los jueces resolvieron lo que consideraron apegado a derecho; no deben encarcelarlos
RicardoAnaya, Senador del PAN

Comentó que lo que está ocurriendo es muy grave para la democracia, señalando que eso de que se presenten denuncias en la Fiscalía sólo porque aceptaron amparos, se les amenace y se les coaccione, “con línea del Gobierno, es un despropósito”.

Aseguró que estas acciones son contrarias a la democracia, a la libertad y es para seguir conformando no solamente un estado autoritario sino dictatorial.

“No podemos permitir que tengamos un país que solamente sea una investidura de la 4T y que quien no opine a favor de la 4T, inclusive en la aplicación de la ley, se le apliquen medidas de coerción, impositivas, amenazas y denuncias como estas”, afirmó.

Por otra parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, no dio vueltas al tema y fue directo, señalando: “una vil venganza política”.

No estamos en una dictadura, estamos en una democracia. No podemos permitir que tengamos un país que solamente sea una investidura de la 4T
Manuel Añorve, Senador del PRI

“Es inadmisible que ante la pérdida del Estado de Derecho, porque eso es lo que ha sucedido a partir de la mal llamada reforma judicial, que quienes hacen su trabajo como personas juzgadoras por incomodar al régimen, por proteger derechos y por aplicar la ley, hoy sean perseguidos políticos de la Judicatura”, sentenció.

Esta oleada de declaraciones llega luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acordó denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los jueces que han otorgado suspensiones y amparos contra la reforma judicial, que incluso ha generado incertidumbre en diferentes ámbitos como el empresarial, pues integrantes de la iniciativa privada ven riesgo en la posibilidad de garantizar las condiciones para que la inversión llegue a nuestro país.

Cabe señalar que la Fiscalía General de la República será la encargada de determinar las medidas a implementar en contra de los jueces señalados por oponerse a la implementación de la reforma.