Con 338 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones, se aprobaron en San Lázaro reformas en lo general y lo particular a la Ley de Amparo que, a decir de la oposición, es un “método de blindaje a la reforma al Poder Judicial por Morena”, quien en medio del choque con el partido oficialista fue testigo de la consolidación de la supremacía constitucional.
Con esta resolución, se determinó que el juicio de amparo es improcedente contra las determinaciones del Órgano de Administración Judicial y Tribunal de Disciplina Judicial y prohíbe el amparo contra reformas constitucionales.
La mayoría parlamentaria del guinda y aliados avalaron las reformas a las leyes reglamentarias de los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución; en el pleno se debatieron 50 reservas para tratar de modificar los dictámenes.
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- El Dato: El diputado emecista Gibrán Ramírez dijo que esta ley elimina la posiblidad de suspender normas violatorias.
El documento enviado al Ejecutivo federal para sus efectos deriva de una iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la misma ajusta las disposiciones que se refieren al funcionamiento y atribuciones de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues de acuerdo con el artículo 94 constitucional vigente, el máximo tribunal funcionará únicamente en Pleno.
Con las reformas, pasa de ocho a seis el número de votaciones de ministras o ministros necesarias para que las decisiones de la Corte sean válidas para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas para los casos en que se establezca jurisprudencia por precedentes o por declaración de inconstitucionalidad de una norma general.
Además, modifica las disposiciones de Distrito Federal por Ciudad de México, ajusta los artículos que refieren al Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial, sustituye las referencias del Código Federal de Procedimientos Civiles por Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Destaca que el juicio de amparo no procede contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. En lo que toca a las multas establecidas en la Ley de Amparo, sustituye el término salario mínimo por el de Unidad de Medida y Actualización.
En su intervención, el diputado priista Víctor Samuel Palma señaló que, “en esta ocasión, nosotros los priistas nos declaramos en contra de esta Iniciativa, convencidos que con ello se pretende limitar los mecanismos de contrapeso y control del poder, mecanismos necesarios para evitar la tiranía de las mayorías”.
El legislador panista Fidel Daniel Chimal García denunció “un atentado sin precedentes en contra de nuestra democracia, nuestras instituciones y los derechos de los ciudadanos”.
Acusó que la reforma que el oficialismo impulsa, no sólo destruye el equilibrio de poderes, sino que pone en riesgo la libertad y justicia, pues afirma que con esta reforma el Gobierno busca blindar sus decisiones para que nadie pueda impugnarlas sin importar cuán abusivas o ilegales sean.
“Quiere eliminar el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia como mecanismos de control, dejando a los ciudadanos sin defensa ante posibles violaciones”, subrayó.
En contraste el legislador morenista y presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, afirmó que la armonización de la Ley de Amparo con la reforma constitucional en materia del Poder Judicial es “un paso fundamental para garantizar el acceso a la justicia más ágil, efectivo, equitativo para todas y todos”.
