La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, presentó en el Senado una iniciativa para establecer una Ley General de Biodiversidad.
Explicó que el objetivo es actualizar y armonizar la legislación ambiental mexicana con los compromisos internacionales, respondiendo a los desafíos que enfrenta el país en materia de conservación.
En su presentación, la legisladora destacó que la biodiversidad mexicana no solo es motivo de orgullo nacional, sino también un recurso estratégico que ha sostenido por siglos el desarrollo económico, cultural y social del país. “Nuestra riqueza natural es el pilar de nuestra identidad”, afirmó, subrayando la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de los ecosistemas y las especies que habitan el territorio nacional.
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México es considerado uno de los países más biodiversos del planeta, al ocupar el quinto lugar mundial en diversidad biológica. Además, junto con otras 11 naciones, concentra aproximadamente el 70% de la riqueza natural global. En particular, el país es hogar de cerca del 10% de las especies endémicas a nivel internacional, lo que subraya su papel clave en la conservación ambiental.
La senadora advirtió sobre la urgencia de legislar en favor de la protección de los ecosistemas, señalando que más de 1 millón de especies en el mundo enfrentan riesgo de extinción, mientras que el 60% de los ecosistemas ya muestran signos de degradación. En el caso de México, se estima que más de 2,400 especies se encuentran en alguna categoría de amenaza.
La propuesta legislativa cuenta con el respaldo de más de 50 senadores y toma en cuenta datos recientes de organismos internacionales. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al menos 4,000 especies son afectadas globalmente por el tráfico ilegal. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que la degradación ambiental representa un costo del 4.5% del PIB para México. A nivel continental, el valor económico de los servicios que brinda la naturaleza se calcula en alrededor de 24.3 billones de dólares.
Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentran la creación de un Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, el fortalecimiento de la regulación del comercio de especies, la protección de aquellas en riesgo y la priorización de la restauración de ecosistemas dañados.
Ortiz Domínguez subrayó la necesidad de actualizar la legislación vigente para enfrentar de manera efectiva los retos ambientales. “Es fundamental adecuar nuestro marco legal para proteger nuestro patrimonio natural y asegurar un futuro sostenible”, concluyó.
JVR
