Son más de 15 mil aspirantes al PJ

INE admite reto para fiscalizar a candidatos

La consejera Carla Humphrey señala desafíos por revisión individual de gastos de quienes buscan ser juzgadores; hay vacíos legales en los datos para identificarlos, menciona

La consejera electoral Carla Humphrey en sesión ordinaria del INE, el 19 de febrero. Foto|Cuartoscuro

A la par de la compleja organización para la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial (PJ), el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta otro desafío clave: la fiscalización de los gastos de campaña de las 15 mil candidatas y candidatos que participarán en el proceso electoral.

La consejera electoral Carla Humphrey Jordan advirtió que la verificación de los recursos utilizados en campaña será un proceso meticuloso, ya que cada candidatura deberá comprobar sus erogaciones de manera individual.

En entrevista con La Razón, la también presidenta de la Comisión de Fiscalización aseguró que el INE mantiene firme su compromiso con la elección que se celebrará el 1 de junio próximo, pero acotó que el tema de la fiscalización es uno de los asuntos que podría complicar este proceso, ya que en una elección son los partidos políticos los que llevan a cabo esta función.

  • El Dato: Los candidatos a un cargo del PJ tendrán prohibido recibir dinero público y privado y deberán avisar al INE de las entrevistas que agenden con medios.

“Todo en este proceso es inédito. Nosotros como estructura estamos claramente profesionalizados para llevar a cabo esta fiscalización, pero es cierto que los partidos tienen mayor claridad de cómo llevar a cabo estas comprobaciones”, dijo.

“Las personas que son aspirantes al PJ deben tener conocimiento puntual de cómo tienen que rendir estos informes, cómo tienen que comprobar sus gastos, y sí es un tema que puede complicarse. Ahora lo vamos a ver con la fiscalización de uno a uno de candidatos y candidatas con el INE”, explicó.

Otro desafío es la falta de información completa sobre los aspirantes a ocupar cargos a jueces. Humphrey explicó que, aunque el INE ha solicitado al Senado los datos necesarios para identificar a los candidatos, aún existen vacíos en la información.

Entre los datos que se requieren se encuentran la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la clave de elector, con el fin de evitar homonimias y poder identificar correctamente a los aspirantes.

El instituto ha recurrido a instituciones, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para obtener información fiscal y patrimonial de los candidatos: “Tenemos maneras de llegar a la información, pero es muy importante que nosotros, como autoridad electoral, seamos profesionales en el tema de los registros”, afirmó Humphrey.

“Hay muchas personas que nunca han sido candidatas y candidatos, y todos tendrán que rendir cuentas, subir eventos, presentar comprobaciones. Es algo que nunca han hecho”, explicó Humphrey.

Destacó la importancia de que los aspirantes se familiaricen con el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas (Mefic), un sistema creado específicamente para este proceso.

Uno de los mayores riesgos es la posibilidad de que los candidatos reciban financiamiento de origen ilícito. Señaló que el INE cuenta con herramientas para detectar y actuar en caso de irregularidades, como lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

“Si presumimos que algún recurso es de origen ilícito, podemos preguntar a cualquiera de las autoridades para que nos confirmen el origen de estos recursos”, explicó. Además, el INE puede hacer requerimientos en caso de discrepancias entre las declaraciones de intereses y las patrimoniales de los candidatos.

La consejera también mencionó que se han establecido lineamientos claros para la presentación de quejas y denuncias, así como para la fiscalización de los eventos a los que asisten los candidatos.

En caso de detectar financiamiento ilícito o incumplimiento en la rendición de cuentas, el INE tiene la facultad de retirar candidaturas, aseguró.

“En los lineamientos que propusimos como Comisión de Fiscalización, venía incluso que quien no presentara el informe se le podía retirar la candidatura”, explicó Humphrey.

Aunque esta propuesta no fue aprobada por la mayoría de los consejeros, se mantiene la posibilidad de retirar candidaturas en caso de que se detecten recursos ilícitos.

“Quienes aspiran a ser juzgadores tienen que tener absoluta claridad de quiénes son las fuentes de financiamiento y cómo gastan sus recursos”, afirmó.

“Nosotros estaremos fiscalizando con la misma dureza que fiscalizamos a partidos políticos, porque al final de cuentas, es el acceso a un Poder Público”, advirtió la consejera electoral.

Por último, Humphrey subrayó que las y los aspirantes a un puesto en el Poder Judicial deben ser los primeros en rendir cuentas y demostrar total transparencia en el uso de los recursos.

Quitan spots a partidos para elección judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió reducir el tiempo de los partidos políticos en radio y televisión para asignarlo a la promoción de la elección del Poder Judicial (PJ), programada para el próximo 1 de junio.

El Consejo General del INE aprobó ayer la emisión de 2 mil 760 spots para cargos nacionales y mil 560 por circuito judicial en estaciones de radio comercial, además de mil 760 promocionales en canales de televisión comercial. También se destinarán mil 680 spots por circuito judicial en medios públicos, se estableció.

La medida generó controversia, y los partidos PAN,PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su desacuerdo, anunciando que impugnarán la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El instituto detalló que 63 por ciento de los spots será destinados a promover los cargos nacionales y de circunscripción, incluyendo la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del TEPJF, mientras que el 37 por ciento restante se destinará a los aspirantes a magistrados de circuito y jueces de distrito.

Los spots serán genéricos y no personalizados, con el objetivo de promover la elección sin beneficiar a candidatos individuales.