Y fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la que por fin apareció frente a un caso que cimbró al país y lo ha puesto bajo la lupa internacional: el Rancho Izaguirre y las más de 200 pertenencias localizadas junto a indicios de fosas clandestinas en el sitio. Tras evidenciarse que en 2017 había sido la última vez que este órgano de defensoría se pronunció sobre este tipo de problemas, y que ha ido reduciendo el acompañamiento a las familias de buscadores, finalmente salió este viernes a condenar el hecho y a apuntar contra autoridades, principalmente las locales, por una negligencia que no se ha combatido, para garantizar seguridad y justicia a víctimas y familiares. Aunque varios reconocieron el pronunciamiento, no deja de pasar desapercibido lo que en la oposición tachan de inconsistencia.
