De cara al periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, que inicia este martes 26 de mayo para discutir y votar el aplazamiento de la elección judicial hasta 2028 y otras iniciativas en materia electoral, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez no solicitó licencia a su cargo ante la Comisión Permanente, por lo que se anticipa su intención de acudir a las sesiones en el Senado, pese a los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico realizados por autoridades de Estados Unidos.
Inzunza Cázarez no asistió este lunes a la sesión de la Comisión Permanente, por cuarta ocasión consecutiva, por lo que su lugar fue ocupado por la senadora Sasil de León Villard.
El legislador sinaloense no se presenta en la Permanente desde el pasado 29 de abril, cuando se dio a conocer la acusación del gobierno de Estados Unidos en su contra y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa.
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Solicitan licencia otros legisladores
A diferencia del senador morenista, otros legisladores sí solicitaron licencia temporal a sus cargos. Entre ellos están la senadora Paloma Jaimes, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, el senador Heriberto Aguilar Castillo, el diputado César Damián Retes, el senador Mauricio Vila Dosal y la senadora Anahí González Hernández.
En el caso del Senado, los dictámenes serán procesados en la Comisión de Estudios Legislativos Primera, presidida por Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por lo que no estarán en manos de la comisión que encabeza Enrique Inzunza, informó en días pasados el senador Oscar Cantón Zetina.
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En la misma sesión, la Comisión Permanente dio cuenta de la entrega a comisiones de la Cámara de Diputados de la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas.
La propuesta busca, según el documento presentado, “establecer mecanismos para que los partidos políticos puedan conocer, con toda la información necesaria, posibles riesgos de vínculos con delincuencia organizada en las candidaturas”, a partir del proceso electoral de 2027.
La iniciativa también contempla la creación de la “Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas”, un órgano dependiente del e integrado por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General por un periodo de tres años.
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