La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará una nueva reforma electoral para evitar que personas con un posible vínculo con la delincuencia organizada lleguen como candidatos a las elecciones en el país, por medio de una comisión a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) que colaborará con instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), para identificar riesgos entre los postulados por los partidos.
En conferencia de prensa, la mandataria comentó que aprovechará el periodo extraordinario que abrirá el Congreso de la Unión —con motivo de la reforma para pasar la elección judicial al 2028— para presentar otra enmienda. Subrayó que esto permitirá que si el cambio que propone es aprobado, entonces pueda entrar en vigor para ser aplicado en los próximos comicios de 2027.
- El Dato: La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, respaldó la reforma y dijo que, de aprobarse, pedirán que todos sus aspirantes sean evaluados por la comisión.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, puntualizó.
Refirió que el objetivo de tal reforma es uno de los planteamientos que se incluyó en el plan A de la iniciativa presentada a inicios del año, pero que el Congreso no avaló.
El objetivo es fortalecer las capacidades del INE para que se revise de manera más profunda a los candidatos y que se evite que algún aspirante de cualquier partido y que tenga el riesgo de tener vínculos con el crimen organizado, sea postulado.
Argumentó que la reforma se presenta tras hallarse casos en los que presidencias municipales se vincularon con criminales, como se encontró a inicio del sexenio en algunas administraciones del Estado de México; posteriormente, en los municipios de Teuchitlán y Tequila, Jalisco, y finalmente lo que se dio a conocer este miércoles con dos exalcaldes de Morelos.

La mandataria remarcó que todo se llevará a cabo en el marco de la confidencialidad y presunción de inocencia.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, ahondó que el cambio se centrará en la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, la cual dependerá del INE, se integrará por cinco de los consejeros electorales y serán votados para ocupar tal cargo por un periodo de tres años.
Los partidos deberán entregar a la comisión la lista de sus aspirantes, para que se consulte con la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que éstas determinen si existe algún tipo de riesgo.
Las instituciones no entregarán detalles a los partidos del tipo de riesgo que se llegue a identificar, sino únicamente el nivel de la amenaza y los partidos asumirán la responsabilidad sobre si se sigue adelante con las candidaturas.
“Estas autoridades hacen un análisis y determinan que ‘no existe riesgo’ o que ‘existe un riesgo razonable’. Esta información, las instituciones, la entregan a la Comisión sin señalar el asunto del que se deriva el riesgo, únicamente estableciendo si existe o no un riesgo razonable.
“La Comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese riesgo. Con base en esa información los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura”, dijo.
Antes de esto, cada persona con interés en ser candidata deberá manifestar ante el partido político que estará de acuerdo con que la Comisión de Verificación les evalúe, sin importar si el mismo decide o no pedir que se proceda con el análisis a su perfil. Señaló que esto no establecerá alguna sentencia sobre los señalados ni se determinará su culpabilidad, sino únicamente servirá para identificar “focos rojos”.
“Y obviamente no estamos en un proceso en el cual ya se tenga toda la evidencia para abrir una carpeta de investigación y tampoco ha acreditado el delito para una sentencia. En realidad, lo que hacen las dependencias es analizar antecedentes y toda la información necesaria para identificar focos rojos. Entonces, no quiere decir que ya estén diciendo que una persona esté como tal vinculada”, dijo.
El secretario de Educación, Mario Delgado, quien antes de dicho cargo fue presidente de Morena, recordó que desde que se emitían las convocatorias se pedía a los aspirantes firmar el consentimiento para que se consultara a las autoridades si tenían algún inconveniente con la ley.
Captura de ediles, mensaje contra la impunidad, dice
| Por Yulia Bonilla |
LA DETENCIÓN de alcaldes vinculados a la delincuencia organizada es una muestra de que no se actúa con impunidad, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En el contexto de la reciente detención de seis funcionarios y exfuncionarios en Morelos, como parte de la Operación Enjambre, implementada este sexenio, la mandataria comentó que dichas acciones contradicen las acusaciones que su Gobierno ha recibido sobre presuntamente encubrir a señalados de vínculos delincuenciales, como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve colaboradores, y que el mensaje es “de cero impunidad”.
Remarcó que ante el caso Sinaloa, México ha actuado con apego a lo que determina el sistema penal acusatorio que establece que “todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
- 147 funcionarios municipales detenidos con este Gobierno
Subrayó que cuando se encontraron pruebas del actuar delictivo de alcaldes como el de Teuchitlán, Jalisco, José Ascención Murguía, se procedió con su detención y otros vinculados que se encontraron: “Cuando se encontraron pruebas del alcalde de Teuchitlán, que había estado involucrado en el proceso. Es más, se encontró que después un hermano de este alcalde estaba metido en el huachicol. Y fue detenido también un alcalde de Jalisco. Pues, ¿qué se hizo? Se detuvo, se pidió aún con base en evidencias, una orden de aprehensión que el juez le emitió”.
Contó que cuando viaja a las comunidades la población se le acerca y, en más de una ocasión le han hecho denuncias sobre las relaciones delincuenciales de ciertas personas, reportes que pasa al Gabinete de Seguridad.
“Me lo dicen en secreto. Y yo, no crean que me quedo así: ‘Ah, bueno, ya me lo dijeron, ya me voy’. Tomo la nota, tomo el teléfono de esta persona, se lo doy al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Le digo: ‘Tengo esta denuncia, por favor, háblenle por teléfono a esta persona para ver, ayudarle a abrir una carpeta de investigación’. Porque normalmente una persona que vivió un asunto de extorsión, o que sabe que hay colusión, difícilmente presenta directamente su denuncia en el MP”, dijo.
Avalan un periodo extra para ajustes electorales
| Por Tania Gómez y Claudia Arellano |
Con el voto de Morena y sus aliados, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones que arrancará el próximo 26 de mayo para analizar y discutir cuatro temas centrales: la reforma que movería la siguiente elección judicial a 2028, cambios en materia de integridad de candidaturas, la creación de una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, y modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
- El Dato: Se prevé que el pleno de la Cámara de Diputados sesione el 27 de mayo, para avalar las reformas, y el mismo día se vote en el Senado y se turne a congresos estatales.
La convocatoria fue avalada con 26 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 10 en contra del PAN, PRI y MC. En la discusión, la oposición cuestionó que algunos de los temas incluidos en el extraordinario ni siquiera estaban publicados en la Gaceta Parlamentaria al momento de la votación.
De acuerdo con el decreto, asuntos que serán discutidos son: la iniciativa presidencial de reforma judicial, una iniciativa de cambios a la legislación electoral en materia de integridad de candidaturas, y modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral relacionadas con nulidad de votaciones y elecciones federales.

También, la propuesta de reforma al artículo 41 constitucional, presentada por el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, para incorporar la intervención extranjera como causal de nulidad electoral.
“(Que) cuando haya intervención de algún país extranjero, sea de organizaciones, voceros, personas morales o personas físicas, demostrable, se pueda anular la elección”, señaló el legislador.
La diputada de Morena Yolotzin Domínguez defendió desde tribuna que la nueva propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum busca “profundizar y perfeccionar” la reforma judicial: “Fue un parteaguas; por primera vez quienes imparten justicia fueron electos por la ciudadanía y no por las élites corruptas ni por cuotas de poder. Quienes se oponen a esta reforma dicen defender la independencia judicial. Pero independencia ¿de quién? ¿Del pueblo que elige o de las cúpulas que imponían?”.
Desde la oposición, el diputado panista Marcelo Torres Cofiño aseguró que la iniciativa representa una “confesión política nacional” del fracaso del gobierno para impedir la infiltración del crimen organizado en la política.
“Durante años nos dijeron que advertir sobre la infiltración criminal era campaña negra (...) y ahora el propio gobierno presenta una iniciativa para evitar que el crimen organizado se infiltre en las candidaturas”, acusó. También reclamó que Morena se niegue a discutir la desaparición de poderes en Sinaloa y adelantó que el PAN votará en contra.
Por Movimiento Ciudadano, el senador Clemente Castañeda sostuvo que la convocatoria al extraordinario constituye “un reconocimiento tácito del fracaso de la reforma judicial. La mal llamada reforma judicial necesita cirugía mayor”, dijo, al acusar que el oficialismo pretende consolidar “un proceso de captura política” del Poder Judicial.
El legislador criticó además que el Congreso fuera convocado “prácticamente a ciegas”, sin conocer el contenido completo de algunas iniciativas incluidas en el extraordinario.
La senadora priista Carolina Viggiano acusó a Morena de modificar nuevamente las reglas porque “no les gustó el resultado” de la elección judicial.
“Esta reforma es una trampa política evidente (...) no vamos a dar un paso atrás en la defensa de la Constitución y la división de poderes”, afirmó.
PAN: Comisión antinarco admite infiltración en 4T
Por Claudia Arellano
LEGISLADORES Y DIRIGENTES del PAN afirmaron que la propuesta de crear una comisión especial contra la infiltración del crimen organizado en procesos electorales representa un reconocimiento explícito de la existencia de “narcopolítica” dentro de gobiernos y estructuras vinculadas a Morena.
Ernesto Sánchez, diputado federal, sostuvo que la comisión anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum no impedirá que existan candidatos o funcionarios ligados al crimen organizado.
“Lo que se necesita es aprobar la reforma que hemos impulsado: que cualquier partido que postule a un candidato con vínculos comprobados con el crimen pierda de inmediato su registro”, declaró.
Consideró que esa medida sería una acción efectiva para combatir la infiltración criminal en la política y aseguró que la propuesta del gobierno federal evidencia que el problema existe dentro de Morena.

Por su parte, el vocero de diputados federales del blanquiazul, Federico Döring, criticó el planteamiento y cuestionó la capacidad de las instituciones para investigar posibles vínculos criminales de candidatos: “Ahora resulta que los narcos del bienestar dicen que poniendo la iglesia en manos del lobo, van a acabar con la narcopolítica”.
En el mismo sentido, el vocero del Comité Ejecutivo Nacional, Jorge Triana, acusó al Gobierno federal de pretender que corporaciones policiacas y fiscalías identificadas con Morena sean las encargadas de investigar posibles nexos criminales en candidaturas.

Florece despojo al amparo de autoridad municipal en Morelos


