Un juicio mercantil por cinco millones de pesos dejó bajo embargo ocho predios de 600 metros cuadrados y sacó de sus viviendas a igual número de familias en el fraccionamiento Real de Oaxtepec, en Yautepec, Morelos. Documentos y testimonios obtenidos por La Razón sostienen que ese expediente no cerró sólo una disputa por pagarés, sino que abrió paso a un mecanismo de despojo con complicidad de juzgados civiles, áreas catastrales, notarías y autoridades municipales.
El caso ocurre en una región donde el despojo ya forma parte de la presión cotidiana. Sólo el año pasado, los municipios morelenses acumularon mil 56 carpetas de investigación por ese delito, una cifra que coloca la denuncia de Real de Oaxtepec dentro de un problema más amplio.
- El Dato: Hasta mayo del año pasado, Morelos tenía a Cuautla, Cuernavaca y Yautepec entre los 10 municipios del país con la mayor tasa de despojos por cada 100 mil habitantes.
La operación, acusan, comenzaba antes de cualquier diligencia. Drones sobrevolaban los lotes, no se podía ingresar sin escanear la credencial de elector, y la administración interna concentraba información sobre residentes, visitantes y propiedades con escrituras, contratos o años de posesión. Después venían los cambios documentales, el reclamo de propiedad, el ingreso a los predios y la reventa de inmuebles remodelados.
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Posteriormente aparecía la presión sobre los predios. Los testimonios señalan que los drones permitían observar actividades de las familias, ubicar casas desocupadas, identificar lotes con documentos incompletos y detectar posesionarios con años de permanencia, muchos de ellos adultos mayores.
Uno de los afectados, quien pidió ser identificado como Hugo, narró que su familia cuenta con escrituras de un terreno desde hace 40 años, registradas con sellos y pagos de predial. El despojo comenzó después de limpiar la propiedad e instalarle una toma de agua, fue ahí cuando una persona lo llamó para decirle que era dueño del mismo lote.
En su versión, el supuesto propietario alegó que el terreno había entrado en un fideicomiso desde 1997. Hugo acudió a Catastro y encontró que la inscripción ya aparecía con otro nombre, aunque después, en el Registro Público de la Propiedad, le confirmaron que sólo existía la escritura familiar. Al revisar la carpeta de investigación, afirmó que la nueva versión tenía una contradicción central: Jesús Rabadán —identificado por los vecinos como la persona que los ayudó a escriturar sus lotes— le dijo que su padre había vendido el predio en 2005, esto a pesar de que él había fallecido dos años atrás.
Los denunciantes sostienen que el despojo no dependía sólo de entrar a un terreno. Primero aparecía una supuesta operación previa de venta, luego un cambio documental y más tarde el reclamo de propiedad por una tercera persona: “Nuestra escritura era la única que existía”.
Para otra afectada, la empresa Grupo Omega aparece como punto de origen del despojo porque fraccionó los terrenos y vendió lotes hace más de 25 años. Algunos compradores recibieron escrituras, otros conservaron contratos de compraventa o documentos de posesión, lo que abrió espacio a disputas posteriores.
También señaló que una persona identificada como Adriana Gutiérrez presentó una demanda por cinco millones de pesos en pagarés contra Grupo Omega, representado por Ernesto Ruiz Espino. Según esa versión, el juicio terminó con predios entregados como pago, sin que las familias con posesión comparecieron como afectadas.
Vecinos cuestionan esa parte del procedimiento porque, de acuerdo con sus testimonios, nadie les pidió acreditar propiedad, contrato o posesión. Una de las fuentes afirma: “De menos tenían que enterarse que había un juicio y ninguno fue convocado”.
Más adelante venía el desalojo material. La denunciante relató a este medio que los ejecutores entraban a predios cerrados, rompían chapas, sacaban pertenencias y clausuraban el acceso para impedir el regreso de los habitantes. Aseguró que los despojos los ejecutaron hombres armados, aunque los videos proporcionados a este medio no permiten comprobarlo.
Sobre el negocio posterior, la misma fuente describió una fase de remodelación y venta. Según su testimonio, tomaban inmuebles, construían o mejoraban las casas y luego las colocaban en el mercado por montos de cuatro a seis millones de pesos.
“Toman el terreno, construyen y lo venden. Esos terrenos están vendidos una, dos o tres veces”, afirmó la fuente, al explicar que una misma propiedad podía aparecer ligada a distintas personas, operaciones y documentos en menos de una década.
Los denunciantes también mencionaron a la Notaría 12 de Morelos dentro del circuito señalado. En su versión, Jesús Rabadán orientaba los trámites de escrituración hacia ese punto. “¿Quieres escrituras? Vas a donde yo tengo conocidos”, dijo una de las vecinas afectadas, al describir cómo operaba el control documental dentro del fraccionamiento.
Otro flanco señalado por los residentes es el control de servicios en estos predios. Según los testimonios, la administración manejaba un pozo de agua y cobraba de forma privada el suministro, lo que daba margen para presionar a residentes con altas, bajas o restricciones. Para los afectados, ese dominio cotidiano completaba el esquema porque no sólo había disputa por escrituras, sino control sobre accesos, datos personales, vigilancia y servicios básicos.
Se reparten Morelos 11 agrupaciones delictivas
Por Elizabeth Hernández
La Operación Enjambre abrió una ventana al mapa político y criminal de un estado donde, según análisis territoriales recientes, al menos 11 organizaciones disputan municipios, corredores urbanos y redes locales de protección. El golpe contra alcaldes y exfuncionarios de Cuautla, Atlatlahucan y Yecapixtla colocó el caso en una dimensión mayor, la de la infiltración municipal como forma de control territorial.
Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública, situó el operativo dentro de una lectura territorial más amplia. Para el experto, Morelos exhibe una distribución criminal atomizada. En el estado conviven cárteles nacionales, organizaciones regionales y células locales, sin un dominio único sobre el territorio, lo que ayuda a explicar la disputa simultánea por alcaldías, corredores urbanos y zonas de influencia.
En los mapas elaborados por Sánchez Valdés aparecen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, Guerreros Unidos y el Cártel de Sinaloa-La Mayiza como las principales estructuras con presencia territorial. También figuran grupos menores: La Unión Tepito, Los Tlacos, Los Linos, Los Mayas, La Empresa, Los Aparicio y Los Rojos.
La Familia Michoacana aparece con presencia en 22 municipios; el CJNG, en 21; Guerreros Unidos, en 19, y el Cártel de Sinaloa-La Mayiza, en 17. Detrás de esos cuatro bloques, otras siete estructuras ocupan zonas específicas y completan una red de presiones sobre cabeceras, corredores y gobiernos locales.
Cuernavaca concentra el dato más grave: el análisis sobre la pugna criminal en Morelos ubica 10 de las 11 organizaciones en la capital; con siete a Zacatepec, Temixco, Cuautla, Tlaquiltenango, Yautepec y Jojutla, mientras Puente de Ixtla y Jiutepec aparecen con seis. En 35 de los 36 municipios del estado existe al menos una presencia criminal identificada.
Para Sánchez Valdés, la fragmentación no sólo describe la cantidad de grupos, sino el tipo de violencia que produce. En un texto previo, el investigador advirtió que “la fragmentación de las organizaciones criminales en México” ha sido un factor central en el aumento de homicidios dolosos. Esa lectura ayuda a entender por qué Morelos no aparece bajo una sola hegemonía criminal, sino como un territorio de choques simultáneos.
Morna Macleod, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha planteado que el caso de esta entidad requiere una mirada regional. En su artículo Dinámicas del crimen organizado en Morelos, sostuvo que “sólo se puede entender a profundidad el actuar del crimen organizado desde una perspectiva regional” y vinculó violencia, impunidad, corrupción, colusión institucional y partidos políticos con formas de delincuencia cotidiana contra la población, como son la extorsión o el cobro de piso.
Ricardo Salazar Ortega, especialista en seguridad, advierte que la Operación Enjambre rebasa el golpe contra alcaldes y exfuncionarios. El caso, señala, abre una prueba mayor para las autoridades: la de desmontar los pactos de protección que permitieron al crimen organizado instalarse en gobiernos municipales.
Bajo esa lectura, los mapas de Morelos no son sólo una referencia territorial, sino la radiografía de una disputa que cruzó alcaldías, campañas, tesorerías, jefaturas locales y corredores bajo control criminal.
Para el experto, Morelos refleja el punto en el que la violencia dejó de depender sólo de sicarios y células armadas. La disputa también pasó por oficinas municipales, nóminas, permisos, patrullas, campañas y pactos de protección. Bajo esa lógica, la Operación Enjambre no sólo golpea a presuntos aliados del crimen; también revela cómo los ayuntamientos se volvieron piezas estratégicas para administrar territorio, dinero e impunidad.
Desafueran a 7 por extorsión
Por Redacción
El Congreso de Chiapas retiró la protección a Blanca Chiu López, alcaldesa de Jiquipilas por Morena, y a seis integrantes del ayuntamiento de Ocozocoautla, tras indagatorias de la Fiscalía estatal por extorsión agravada. Los siete exfuncionarios enfrentarán proceso penal con prisión preventiva.
La Fiscalía detuvo a la edil por exigir a la empresa Avimarca un millón de pesos para establecerse en el municipio. El Congreso nombró con 35 votos a Benérita Vela como presidenta municipal sustituta.
También fueron asegurados la síndica de Ocozocoautla, Elsa Ruiz, y los regidores René Pimentel, Sara Cruz, Amílcar Díaz, Juan Jiménez y Olivia Espinosa por solicitar dinero a la alcaldesa para liberar proyectos.
