La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un juicio electoral en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe que los funcionarios públicos se pronuncien sobre la elección del próximo 1 de junio, lo que calificó como irrazonable.
“Considero que la naturaleza histórica de este proceso, derivado de una reforma constitucional sin precedentes, exige una difusión amplia, robusta y plural que alcance a la mayor parte de las personas electoras. Precisamente por tratarse de un mecanismo de elección nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial, resulta contraproducente y lesivo del interés público que la difusión quede limitada exclusivamente al INE”, dijo.
En un comunicado consideró que el carácter extraordinario del proceso justifica que diversas instituciones públicas contribuyan en su difusión, pues el conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas que ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía.
- El Dato: La ministra Ortiz, junto con Lenia Batres y Yasmín Esquivel, realizaron eventos masivos el domingo, en el arranque del proceso electoral del Poder Judicial.
“La restricción es irrazonable, pues los propios Poderes de la Unión han participado activamente en etapas previas de este proceso. La presidenta de la República, la Cámara de Senadores y el Poder Judicial han postulado candidaturas para los diversos cargos a elegir, incluyendo el de Ministra de la SCJN al que aspiro”, afirmó Ortiz Ahlf.
Loretta Ortiz denuncia que restricción del INE vulnera derechos fundamentales
Indicó que la restricción genera situaciones jurídicas “inaceptables”, como impedir que las universidades realicen foros informativos, que los poderes legislativos federal y locales informen a la ciudadanía, que los organismos constitucionales autónomos difundan información objetiva y que las propias instituciones judiciales federales y locales informen a la ciudadanía sobre la importancia de su participación en la elección de quienes impartirán justicia.
Agregó que la restricción vulnera el principio de progresividad de derechos fundamentales, establecido en el artículo 1° constitucional, pues representa un retroceso injustificado en la garantía del derecho a la información en contextos democráticos.
“El avance en el reconocimiento de los derechos de acceso a la información y participación ciudadana informada, que ha sido una conquista gradual en nuestra democracia, sufre una regresión inaceptable cuando se concentra monopólicamente en el INE la facultad de informar sobre un proceso electoral tan trascendente”, apuntó.
Indicó que, debido a que los partidos están excluidos de todo lo relacionado con la reforma al Poder Judicial, la prohibición priva a la ciudadanía de fuentes confiables sobre la estructura de las boletas electorales específicas para cada cargo judicial; los criterios de votación diferenciados según los cargos a elegir; la distribución geográfica especial de las candidaturas judiciales; el funcionamiento del nuevo sistema de cómputo de votos para cargos judiciales; las fechas clave del proceso y la naturaleza y funciones de los cargos judiciales sujetos a elección.
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