Ante la celebración, por primera vez, de las elecciones judiciales a nivel federal y en 19 estados de la República, organizaciones no gubernamentales alertaron que el crimen organizado buscará capturar estos espacios.
Propusieron, frente a esta amenaza, un enfoque de seguridad “hiperfocalizado”, priorizando protección en regiones de alto riesgo, para candidaturas vulnerables.
De acuerdo con las organizaciones Data Cívica y México Evalúa, fueron identificadas ocho entidades con altos niveles de riesgo de violencia político-criminal durante estos comicios; una posible infiltración del crimen organizado, aseguró, “supondría la anulación del último dique de contención ante los abusos del poder delincuencial y la consolidación del régimen criminal”.
Entre el 2018 y abril del 2024, se registraron mil 777 incidentes, incluyendo amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros dirigidos a actores políticos y gubernamentales, así como a instalaciones oficiales y de partidos. Particularmente, el 2023 destacó con 574 víctimas, seguido del 2022, con 486.
Un análisis de México Evalúa-Data Cívica señaló que la mayoría de las agresiones se concentraron en el ámbito municipal, con 77.9 por ciento. En el ámbito estatal sólo hay 16.6 por ciento de víctimas, mientras que el 5.5 por ciento restante se concentra en el nivel federal.
El grupo municipal “es especialmente vulnerable, pues ofrece mayores insumos a las organizaciones criminales para la explotación de las economías locales, inteligencia para neutralizar a organizaciones rivales e impunidad generalizada”, destacó el estudio.
Yair Mendoza, investigador del programa de seguridad pública de México Evalúa, destacó que “la razón de que las organizaciones criminales se sientan interesadas por algún candidato es que, al poner un candidato y hacerlo ganador, pues da el acceso a diferentes recursos, (entre ellos) la impunidad; en segundo lugar, te da el control de las policías y también te da el control para acceder al presupuesto de obra pública, pero adicional a ello te permite consolidar a tu organización en ese municipio”.
Destacó que “la ocurrencia de violencia político criminal en las elecciones del Poder Judicial del 2025 es altamente probable”.
Expuso que se identificaron cuatro factores principales que determinan el nivel de riesgo de violencia político criminal en las elecciones judiciales del 2025 a nivel estatal.
Entre ellas, citó la disputa territorial entre organizaciones delictivas, la explotación de mercados ilícitos y la vulnerabilidad de las instituciones políticas. Asimismo, la existencia de múltiples mercados ilícitos, como el narcotráfico o la extorsión, lo cual “aumenta la posibilidad de que grupos criminales busquen controlar el Poder Judicial para garantizar impunidad”.
Otro factor determinante es la capacidad institucional para frenar la intromisión del crimen organizado en elecciones. Los estados con mayor número de agresiones políticas registradas en el 2024 reflejan una menor capacidad de respuesta ante este fenómeno: “A menores capacidades, mayor probabilidad de intromisión. Parámetro: arriba del promedio nacional registrado en la elección de 2024”.
Señaló que hasta antes de que comenzaran las campañas electorales no se habían identificado amenazas en contra de algún candidato; sin embargo, pidió a aquellos participantes en los comicios del 1 de junio denunciar cualquier hecho.
“En primer lugar, se debería denunciar y hacer llegar esta información a la Federación o a la instancia que exista. Lo ideal sería que no guardaran silencio, porque el silencio nos hace cómplices e invisibiliza el problema”, y añadió que con esto se podría crear “un protocolo de actuación contra la violencia político-electoral contra cargos ejecutivos, legislativos y ahora judiciales”.
Señaló que Data Cívica-México Evalúa propusieron el diseño y ejecución de protocolos de seguridad hiperfocalizados a cargo de autoridades electorales, gobiernos, instituciones de seguridad federales y locales, y organizaciones de la sociedad civil.
Las regiones con mayor riesgo son las que deben recibir protección de manera prioritaria y deben contemplarse zonas con disputas violentas por la explotación de mercados ilícitos. A nivel individual, señaló, las candidaturas que puedan interferir con mayor frecuencia en los intereses del crimen organizado son las que deben recibir protección de manera prioritaria.
A nivel institucional, la protección debe estar a cargo de corporaciones policiales con el menor grado de captura por parte del crimen organizado, como la Guardia Nacional. La protección debe ser proporcionada en forma expedita, a iniciativa de las autoridades electorales y de seguridad y justicia, o bien, a petición de las potenciales víctimas, apuntó.
