Hugo Aguilar Ortiz, originario de la Mixteca Alta de Oaxaca y el único candidato indígena entre los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que “creo que en este momento del país toca” a los pueblos indígenas un espacio.
Nacido en San Miguel el Grande y criado en San Agustín Tlacotepec, Aguilar reconoció que sus primeros años fueron decisivos para su formación: “Mis primeros 11 años fueron de vida comunitaria”, donde abrevó de “la cultura del pueblo, asistiendo a asambleas, acompañando a mi papá en el desempeño de cargos”, comentó en entrevista en Al Mediodía con Solórzano, que se transmite por el canal de YouTube de La Razón.
Desde entonces comenzó a comprender las dinámicas internas de su comunidad, sus derechos y sus conflictos, particularmente en torno a la tierra y el agua: “Percibí en los primeros años una relación inequitativa, una relación de limosna. Yo así sentía cuando el Gobierno finalmente daba algo, ¿no?”.
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Aguilar Ortiz describió cómo su conciencia se fue ampliando al dejar su comunidad para estudiar. Fue ahí donde experimentó, por primera vez, una discriminación directa, pues en la cabecera de distrito “el trato era discriminatorio, importante”. Sin embargo, también fue el momento donde consolidó su sentido de identidad.
Ésta es la oportunidad histórica de los pueblos para tener una voz para que su cosmovisión, para que sus planteamientos lleguen al máximo tribunal, y desde ahí se fijen criterios que ayuden a modificar todo el entramado jurídico e institucional de este paísHugo Aguilar, Candidato a ministro de la SCJN
“Ahí me encontré con personas triquis y con la sociedad no indígena. En la cabecera de distrito, pues es una ciudad-mercado, se le conoce como “el París chiquito”; la clase política del distrito pues es especial, un trato diferente, discriminatorio, importante. Yo digo que gané un poco de notoriedad e hice amigos por mi desempeño educativo. Me pedían la tarea o querían conocer o resolver algún tema. Entonces fue ahí donde comencé a tener amistades, pero me hice consciente de mi identidad”, expresó.
A los 17 años empezó a acompañar a abogados en la defensa de personas indígenas encarceladas, y “ahí comencé yo a percibir que había un sistema de justicia que no entendía a los pueblos, no entendía a las personas”.
Esta experiencia lo impulsó a estudiar Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; sin embargo, la vida estudiantil no fue sencilla: “Dormía en cartón durante seis meses. Estuve así, haciendo una comida al día, pero había el deseo de superarse. O sea, es una cosa que mi mamá nos dejó muy marcada”.
Y agregó: “Cuando estábamos en el terreno decía mi mamá: ‘Mira, tienes que aprender a cultivar la tierra, pero también tienes que pensar en salir de las injusticias; las cosas que aquí vivimos y la tierra que tenemos no nos da para salir adelante. Tienes que estudiar’, y siempre nos inculcó eso”.
Su carrera jurídica y activismo se consolidaron en los años noventa, cuando formó parte del movimiento que propuso los primeros cambios constitucionales para reconocer los derechos indígenas. Fue uno de los organizadores del simposio indolatinoamericano de 1992, donde se gestó la crítica al sistema jurídico nacional desde la mirada de los pueblos originarios.
“Para mí fue el detonante, ahí tomamos el acuerdo de qué implicaba ser pueblos, qué derechos debían de tener los pueblos, qué contenido debía tener cuando nosotros reclamábamos autonomía o libre determinación, qué contenido debería ser cuando nosotros planteamos derecho al territorio o qué implica tener un derecho indígena o un sistema normativo indígena que para entonces ya se había acuñado como usos y costumbres”, recordó.
Participó también en los diálogos de San Andrés Larráinzar como asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y en la redacción de la iniciativa que dio origen a la propuesta de la Cocopa.
“Este levantamiento se justificaba porque durante estos años nosotros veíamos que, trabajando, no había un solo oído del Gobierno que escuchara esos planteamientos. Todo mundo actuaba como si se hubiera escrito sobre piedra el diseño de este país, como si la norma fuera una cosa inmutable y como si la realidad no existiera”, aseguró.
Añadió que su trabajo jurídico se ha basado en “una justicia con enfoque intercultural”, capaz de armonizar los sistemas normativos indígenas con el derecho estatal.
En su carrera judicial, dijo, uno de los casos que marcó su trayectoria fue el conflicto entre el principio de universalidad del sufragio y la autonomía indígena en municipios de Oaxaca.
“Los tribunales comenzaron a anular elecciones bajo el principio de universalidad sin considerar el principio de reciprocidad y de autonomía”, y tras años de litigio, explicó, se logró una sentencia en el caso de Tataltepec de Valdés, que estableció precedentes sobre la armonización de normas y visiones jurídicas distintas.
Para Aguilar Ortiz, la reciente reforma judicial representa un parteaguas: “Ahora sí, el artículo 2 reconoce a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público y este reconocimiento implica una transformación del modelo jurídico, del modelo de Estado, de la relación Estado-pueblos indígenas y también del sistema de justicia”.
¿Cuándo pensaste ser ministro de la Corte?
Hace año y medio no lo había pensado. Cuando se publicó la reforma judicial pasó por mi mente, pero yo decía: aun así, tiene que haber condiciones. Pero más adelante los representantes de pueblos, los líderes, varias autoridades dijeron: pues creo que ésta es la oportunidad.
Insistió en que “ésta es la oportunidad histórica de los pueblos para tener una voz para que su cosmovisión, para que sus planteamientos lleguen al máximo tribunal, y desde ahí se fijen criterios que ayuden a modificar todo el entramado jurídico e institucional de este país”.
En su análisis, Aguilar Ortiz aseguró que el país necesita una Corte más cercana al ciudadano: “Lo que hoy tenemos es un conjunto de formalismos que nadie entiende (…) incluso hasta a los abogados se nos complica”.
Su propuesta busca justicia entendible y accesible, que dialogue con la ciudadanía y contribuya a la unidad nacional “en medio de la diversidad”, ahora reconocida como principio constitucional.
Sobre las mujeres en los pueblos originarios, Aguilar fue claro: “Los derechos de los indígenas y su sistema normativo no implica una facultad absoluta. Debe tener límites, y uno de ellos es la dignidad de la mujer”.
También explicó que se ha pronunciado sobre la violencia del crimen organizado en comunidades: “Si fortaleces la institucionalidad comunitaria, garantizas que no se meta la delincuencia organizada. Si impulsas el desarrollo en la comunidad, garantizas que no se meta. Ése es el ejemplo de Oaxaca”.
Cerremos preguntándole al candidato 34: Hugo, en pocas palabras, yo te diría: ¿por qué quieres ser ministro de la Corte?
Estamos hechos a la discriminación, y no se vuelve un pesar sino un incentivo más para hacer las cosas bien (…) El país requiere de una justicia que entienda al ciudadano, cercana a él, que escuche, que dialogue. Creo que todos aspiramos a un México unido, en paz, con desarrollo y bienestar. Y el sistema de justicia tiene que contribuir a eso”.
En la boleta será el candidato número 34. Pero para muchos pueblos indígenas y sectores sociales, Hugo Aguilar representa el número uno en una lucha por la representación que ha esperado siglos.
