La abogada de una de las víctimas del feminicida de Iztacalco, Erandali Trujillo, comentó que no hubo justicia y calificó los hechos como “una salida fácil”, por lo que dijo que están en espera de los estudios forenses para determinar si la muerte de Miguel “N” fue un accidente, suicidio, o bien, si se trata de la misma persona, pues reclamó que no hay certeza de la versión de las autoridades.
Comentó que las víctimas secundarias se enteraron por medio de noticias, lo cual les afecto psicológicamente, explicó que días previos a la muerte del feminicida ella y la víctima secundaria estuvieron en contacto para organizarse para la que sería la audiencia de vinculación a proceso.
“Ella (la víctima secundaria) está destruida, esta enojada, triste, todo lo que ya se había avanzado en la parte psicológica representa un retroceso, ella dice que esto no es justicia, justicia es que mi hija tuviera una sentencia condenatoria en contra de Miguel y esto solo implica que no va a haber justicia para mi hija, ni para mí, ni para todos los demás”, declaró.
Erandali Trujillo expresó que, si las autoridades hubieran seguido los protocolos de seguridad, el escenario hoy en día sería diferente, en ese sentido, subrayó que las autoridades no actuaron con perspectiva de género.
Añadió que tuvo una reunión con el director del Reclusorio Oriente, José López Ibarra, en la cual prometió dar acceso a la información que se vaya generando respecto a este tema, sin embargo, expuso que el caso se turnará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
“Vamos a ir al Insifo para que nos puedan dar el acceso de manera urgente a la necropsia de ley que se supone ya se le debió haber practicado a Miguel y nos puedan dar los resultados, nosotros a la par vamos a ingresar peritos en materia privada para que revisen si es correcto o no el esclarecimiento”, apuntó.
Añadió que la defensa de la víctima había preparado una perfilación criminal que llevarían a juicio y el resultado arrojó que Miguel “N” era una persona peligrosa para él mismo, así como para la sociedad y la población interna del penal, pero un juez de control del Reclusorio Oriente consideró que no era pertinente.
“El no haber ingresado esta prueba para juicio, nos limitó el poder realizar la diligencia de traslado, además, es una prueba que por primera vez se iba a llevar a juicio en México y que el juez no consideró, una prueba que hubiera ayudado mucho al Sistema Penitenciario para justificar que era una persona que no tenía que estar en este penal”, opinó.
La abogada mencionó que solo por el caso de María José pedían una pena máxima de 116 años, también manifestó su indignación ya que Miguel “N” consiguió teléfonos de las víctimas para contactarlas desde el Reclusorio Oriente y hacerles saber que no se arrepentía de lo sucedido.
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LMCT