Los casos de violación, abuso sexual y violencia familiar aumentaron en Nayarit desde la llegada del gobernador de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La fiscalía estatal reportó a la autoridad federal que, en el caso de abuso sexual, durante el periodo de 2019 a 2021, cuando aún gobernaba Antonio Echevarría García, no hubo ninguna carpeta de investigación por este delito. En el primer trienio del actual mandatario, el órgano autónomo reportó 588 casos.
- El Dato: El 7 de marzo, Miguel Ángel Navarro dijo que presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto en materia de igualdad sustantiva en favor de las mujeres.
El otro ilícito que se disparó fue el de violación, ya que pasó de 425 indagatorias, en el periodo del panista, a 936 en los últimos tres años, lo que representó un incremento de 120 por ciento.
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De igual forma los casos de violencia familiar tuvieron un incremento de 151 por ciento, toda vez que pasaron de dos mil 695 a seis mil 770 entre los periodos mencionados. En los tres casos están englobados hechos denunciados por mujeres y hombres, aunque suelen ser más los de las nayaritas.
En lo que va del presente año, las cifras del SESNSP muestran un incremento de las denuncias, pues de abuso sexual durante los primeros tres meses del año pasado reportaron 60 casos, mientras que en el mismo lapso de 2025 se reportan 69; es decir, 15 por ciento más.
A pesar de que el delito de abuso sexual y violación, son unos de los que más aquejan a las mujeres, el Gobierno del morenista Navarro Quintero destinó un mínimo aumento a los recursos para el Instituto para la Mujer Nayarita en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2025.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2024, al Instituto para la Mujer Nayarita se destinaron 34 millones 776 mil 934 pesos, mientras que para el año siguiente solamente tuvo un incremento de un peso.
De igual forma la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas tuvo un pequeño aumento, ya que pasó de 14 millones 755 mil 589 pesos en 2024 a 15 millones 390 mil 80 pesos, es decir cuatro por ciento más.
“Mi compromiso y el de mi Gobierno hacia las mujeres, lo traducimos en hechos. El respeto pleno a sus derechos no debe regatearse y con el respaldo de las y los legisladores, quedarán garantizados en nuestra Constitución”, escribió Navarro Quintero el pasado 7 de marzo en sus redes sociales al anunciar una iniciativa en favor de las nayaritas.
El pasado 23 de diciembre de 2024, el mandatario morenista fue señalado de cometer presuntamente actos de acoso sexual y laboral tras el testimonio de una exfuncionaria que afirma haber sido despedida por rechazar sus insinuaciones.
En una carta dirigida a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres, el mandatario fue señalado por presuntamente usar su posición de poder para realizar propuestas indebidas a trabajadoras.
De acuerdo con un testimonio, las reuniones se organizaban en espacios como el Palacio y la Casa de Gobierno, con accesos discretos para evitar registros.
Además, también se acusó a colaboradores cercanos por supuestamente facilitar estos encuentros. “Me pidió abrazos, llegó a solicitar que le tocara las piernas, porque decía estar necesitado de cariño”, se narra en el texto.
La víctima aseguró tener pruebas como capturas de pantalla de mensajes y llamadas, por lo que exigió garantizar su seguridad e iniciar una investigación formal, ya que, afirmó, otras trabajadoras también han sufrido de este abuso, aunque no se atreven a denunciar por temor a posibles represalias.
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No es la única denuncia en contra del mandatario, ya que en noviembre del año pasado un grupo de empleados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acusaron públicamente a Navarro Quintero por supuesto acoso laboral y hostigamiento.
En un comunicado dirigido a la Presidenta de México, los integrantes del SNTE señalaron que, el acoso se ha materializado a través de cambios injustificados de adscripción, sobrecarga de trabajo y descalificaciones constantes.
Varios empleados han manifestado su temor a perder sus puestos de trabajo y han solicitado protección a organismos de derechos humanos, así como a diversas asociaciones civiles.
