Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) carecen de facultades para investigar y sancionar a los candidatos al Poder Judicial (PJ), y mucho menos pueden retirar alguna candidatura, sólo por sospechas de algún tipo de relación con el crimen organizado, advirtieron a La Razón la politóloga Ruth Zavaleta y el académico de la UNAM Christian Salazar.
Esta premisa fue reforzada por Felipe de la Mata, magistrado del TEPJF, quien en su cuenta en la red social X anticipó: “Las quejas contra candidaturas de personas juzgadoras que no se apoyen en elementos probatorios y se fundamentan solamente en especulaciones o apreciaciones subjetivas pueden ser desechadas, al no configurarse una infracción en materia de propaganda electoral”.
- El Dato: La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que el Senado será la última instancia que revise los antecedentes ilegales o delictivos de candidatos.
Fuentes del mismo Poder Judicial señalaron que, si bien el órgano electoral jurisdiccional puede conocer de las posibles denuncias e impugnaciones, éstas no procederían, pues se vulneran los derechos humanos de los aspirantes.
Advierte la Jufed entrega de la justicia al crimen
De acuerdo con el experto Christian Salazar, este proceso electoral carece de normas que permitan a ambos organismos electorales realizar indagatorias por posibles sospechas de esta naturaleza, como sí ocurre con las elecciones habituales a Presidente, diputados o senadores, por lo que negar la participación de algún candidato por sospechas, advirtió, vulneraría los derechos humanos de los contendientes, así como la presunción de inocencia.
“Hasta que haya una sentencia de un juez que lo determine culpable de algún delito o alguna ilegalidad, un derecho humano es la presunción de la inocencia; hasta en tanto no hay a una investigación y sentencia a la persona, no es culpable de nada; entonces, no podemos presuponer o especular sobre los actos de una persona”, expuso.
Señaló que, ante la falta de certezas, resultará necesario establecer un nuevo marco legal dentro de las próximas elecciones al PJ para evitar el posible arribo de candidatos cuestionados, pero ahora, dijo, “ya no es posible, porque el proceso ya está en marcha”.
“Lo que se debe hacer es replantear cómo se aprobó el proceso electoral y se debe replantear la inscripción, los requisitos, alguna figura para verificar que las personas no estén vinculadas a la delincuencia organizada. En esta elección ya no, pero una vez que termine este proceso, seguramente habrá que revisar esto y muchas situaciones de diseño y procedimientos”, agregó.
Salazar estableció que, por ahora, no se pueden despejar las dudas sobre posibles señalamientos de candidatos vinculados a los grupos delictivos, y por ello, insistió en replantear el proceso durante las próximas elecciones.
“No es que esté viciado de origen, porque hay muchos candidatos que participan en la elección y que, evidentemente, tienen probidad para poder competir por un cargo en el PJ. Si ahorita hay una ilegalidad, las personas están en toda la posibilidad de denunciar ante las autoridades correspondientes”, pero eso no le toca investigarlo a las autoridades electorales, subrayó.
En su oportunidad, la politóloga y socióloga Ruth Zavaleta coincidió en que, de presentarse una acusación de esta índole, no debería proceder la cancelación de sus derechos políticos.
“La verdad no existe un procedimiento claro. Si lo inician, no debería de prosperar; nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario y los indicios o sospechas no son suficientes, eso sería violatorio de sus derechos humanos”, expresó.
