Al concluir en San Lázaro el periodo ordinario de sesiones, los diputados dejaron para un eventual periodo extraordinario la iniciativa de reformas para mejorar el combate al fenómeno de las desapariciones forzadas enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, dos en materia de seguridad pública y un sinfín de proyectos en diferentes materias.
En realidad, las reformas citadas se quedaron en el limbo, pues no hay certeza de que se vaya a realizar un periodo extraordinario. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, comentó que es posible que se convoque para la segunda quincena de julio, una vez transcurridas las elecciones para renovar al Poder Judicial, pero no hay acuerdos con la oposición sobre el tema.
El asunto de mayor relevancia que se quedó en el tintero es la iniciativa que el pasado 1 de abril envió la mandataria para prevenir las desapariciones y fortalecer los mecanismos de búsqueda.
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La iniciativa contempla que la Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía y huellas dactilares se convierta en el documento nacional de identificación, en lugar de la credencial del INE.
También propone la participación de la Guardia Nacional en tareas específicas de búsqueda y la reducción de penas a quienes se desistan de la comisión del delito y aporten información para la ubicación de víctimas, ya sea vivas o muertas.
En el proyecto, que fue turnado a comisiones, se establece la creación de la Plataforma Única de Identidad, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el fortalecimiento de las fiscalías estatales, con la obligación de que todas cuenten con una fiscalía especializada en desapariciones.
Al cierre del periodo ordinario, el pasado 30 de mayo, también se quedó pendiente la iniciativa de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante las cuales todas las instituciones en la materia estarán obligadas a compartir entre sí diariamente la información que se genere en el ámbito de su competencia.
Esta iniciativa contempla el impulso de una política nacional en materia de acreditación y certificación de las instituciones de seguridad pública, así como la ampliación de fondos de ayuda económica federal a los estados y municipios, previos mecanismos para vigilar el debido uso de los recursos.
De igual forma, se quedó pendiente de discusión una iniciativa enviada por la jefa del Ejecutivo federal hace varias semanas, con la que se busca dar mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) apuntó que también está pendiente la reglamentación del Poder Judicial, un tema que debe resolverse antes de que los nuevos jueces, magistrados y ministros asuman sus cargos, por lo que sería indispensable la realización de un extraordinario.
Otras de las reformas que están a la espera de discusión son las modificaciones a la Ley de Amparo, la Ley de la Guardia Nacional y al Código de Procedimientos Penales, especialmente en lo relacionado con delincuencia organizada y lavado de dinero.
También fueron dejadas para una mejor ocasión la iniciativa enviada por la Presidenta Sheinbaum para fortalecer el financiamiento del ISSSTE y garantizar el derecho de los servidores públicos a la vivienda, así como un proyecto de reformas a la Ley de Armas de Fuego, que se quedó rezagada desde la pasada administración.
En el listado de legislaciones pendientes están también la Ley del Sistema Nacional de Investigación, Ley General de Transparencia, la Ley de la Empresa Pública del Estado, la Ley de la Empresa Pública Pemex, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos, la Ley de Planeación, la Ley de Transición Energética y otras.
Cabe mencionar que durante los ocho meses que han transcurrido de la actual legislatura, la oposición presentó 489 iniciativas, pero sólo seis de ellas, es decir, el 1.22 por ciento, fueron aprobadas en el pleno.
En el mismo lapso, la mayoría integrada por Morena y sus partidos aliados aprobó 12 de 16 iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal, es decir, el 75 por ciento, de acuerdo con las cifras actualizadas de la Secretaría de Servicios Parlamentarios en el Palacio de San Lázaro.
