Arrancan foros en el Senado

Ven concentración de poder con Ley Telecom

Titulares de la CIRT y la Amedi alertan por la concentración de facultades ilimitadas en la Agencia de Transformación Digital; Morena se dice abierto a modificar el dictamen ya aprobado

Inicio de los foros para discutir la Ley de Telecomunicaciones en el Senado, ayer.
Inicio de los foros para discutir la Ley de Telecomunicaciones en el Senado, ayer. Foto: Especial

Bajo la premisa de escuchar la diversidad de enfoques en busca de un diálogo amplio, ayer comenzaron en el Senado los foros para discutir la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Especialistas, exfuncionarios y representantes del sector expresaron sus preocupaciones por los efectos de la reforma propuesta, y señalaron riesgos como la pérdida de autonomía regulatoria, la posible censura digital y la vulnerabilidad ante el crimen organizado.

  • El Dato: héctor bernal, en representación de la American Chamber of Commerce of Mexico, alertó que, así como está redactada la iniciativa, es violatoria del T-MEC.

José Antonio García, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), alertó de una “sobreregulación” histórica en la radio y la televisión, altos costos del espectro y falta de estudios técnicos para el otorgamiento de concesiones.

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Pidió equidad en el acceso al espectro y mayor transparencia en la actuación de la futura Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), reguladora en la materia: “En este proyecto que se envía al Senado consideramos que a la agencia se le otorgan facultades prácticamente ilimitadas, y sí creemos que debería haber mecanismos de supervisión autónomos, para evitar decisiones discrecionales”.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), advirtió que la reforma representa un retroceso normativo y una amenaza al ecosistema digital.

Criticó la concentración de poder en la ATDT, el posible bloqueo de plataformas digitales sin orden judicial y la creación de un registro de usuarios con riesgos para la privacidad.

“El mayor riesgo que enfrenta el ecosistema digital es la concentración de poder en la nueva Agencia. Esta entidad, dependiente del Ejecutivo, reúne funciones regulatorias, técnicas y de política pública en una sola persona, sin independencia, sin deliberación colegiada y sin contrapesos.

“No podemos permitir que un solo ente, sin garantías técnicas verificables ni autonomía, decida sobre el futuro de nuestras telecomunicaciones y derechos digitales”, acusó.

Javier Corral, senador de Morena, comentó que la reforma se impulsó porque “el control del poder simbólico no sólo está en manos de las empresas de radio y televisión, sino también en los más ricos y poderosos del planeta. La base de la democracia sigue siendo la información, pero ahora transita de múltiples maneras”.

Moderador de los conversatorios, dijo que se espera que con las participaciones de las 74 personas a lo largo de los foros se construya una reserva, para modificar el dictamen que ya fue aprobado por las comisiones de la Cámara alta.

Mientras se realizaban los foros, afuera del recinto senatorial un grupo de trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en vías de extinción, solicitaban garantías para sus liquidaciones.

Adentro, Javier Juárez Mojica, presidente del IFT, llamó a que se respeten los derechos laborales de cada uno de los trabajadores de este instituto a través de las reservas que se construirán, además de que pidió que se tenga el dinero suficiente para extender todas las liquidaciones.

“Los recursos humanos se trata de un sector altamente especializado, especialistas que los ha formado el Estado mexicano; entonces, una sugerencia y una petición muy respetuosa y concreta es que en el transitorio octavo de esta ley, que señala que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores del IFT, pues se establezca cómo se va a cumplir con ese postulado, y se establezca que el Instituto contará con los recursos para que eso se pueda llevar a cabo”, dijo.

Presidenta pide eliminar el polémico artículo 109

| Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió eliminar el artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones que discute el Congreso de la Unión, y que fue motivo de críticas en las que se acusó al proyecto legislativo de buscar la censura y contención a la libertad de expresión.

En conferencia, aseguró que el movimiento político del que emanó jamás ha estado de acuerdo con actos de censura, por lo que sostuvo que la reforma que envió busca objetivos contrarios.

“¡¿Cómo creen que voy a llegar a Presidenta a promover la censura?! Pues no. Al revés, fortalece la libertad de expresión el derecho de las audiencias, que es algo que quedó realmente en segundo término, ni siquiera se reconoció como tal, en una modificación que se hizo en el 17, derivado de una resolución de la Corte, hoy se recupera el derecho de las audiencias; se permite a las radios comunitarias su supervivencia y su desarrollo”, sostuvo.

Para explicar a fondo el objetivo de la reforma que envió, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino, acudirá a la conferencia presidencial para detallar en qué consiste el nuevo proyecto.

  • El Tip: la cámara Internacional de Comercio en México alertó de los riesgos a la competencia con la iniciativa. 

La principal crítica de la oposición es por el artículo 109, que dice a la letra: “Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia para el bloqueo temporal a una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables”.

En este contexto, la Presidenta llamó a eliminar dicho artículo “para que no haya ningún debate, ninguna discusión de que eso significa censura, se elimina ese artículo —es lo que nosotros planteamos— y que se discuta el fondo de la competencia que debe de haber en las telecomunicaciones en México, y el derecho de las audiencias y el derecho de las radios comunitarias, y el derecho del pueblo de México a una información veraz”.