Insistir en que las autoridades como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) retiren las más de 20 candidaturas que han resultado vinculadas con actividades ilícitas, incluso del crimen organizado, representa un riesgo a estas alturas porque sería abrir la puerta a prácticas discrecionales, como también quitar a aspirantes no señalados hasta ahora, pero que resulten “incómodos” a algunos actores políticos.
Así lo advirtió el constitucionalista Javier Martín Reyes, quien consideró que las autoridades electorales, particularmente el INE, se encuentran “entre la espada y la pared”, al haber llegado a sus manos la exigencia de resolución en torno a las candidaturas cuestionables, cuando fue un descuido cometido en origen por los comités de evaluación que representaron a cada uno de los tres Poderes de la Unión.
- 26 candidatos han sido señalados por nexos con el crimen
Al hacer un balance de la elección judicial, recalcó que hay “tres grandes riesgos” que siguen sin solucionarse; el primero de ellos, la vulnerabilidad del nuevo sistema judicial que se conformará a partir de septiembre y que ya no contará con un sistema de control frente a intereses partidistas, sindicales y de otros grupos con poder, pues a pesar de que se contará con el Tribunal de Disciplina, el escenario de posible corrupción se ve cercano.
También vaticinó que se esperan fallas en los tribunales, debido a que el esquema se establecerá será constituido con personas de quienes no se tiene acreditada su experiencia dentro del ejercicio judicial que se garantizaba con sistemas como el Servicio Profesional de Carrera.
Aunque señaló que sí hay una buena parte de gente preparada con posibilidades de ganar un espacio, hizo hincapié en que a pesar de los planes de justicia que tengan, se enfrentarán a condiciones adversas.
