El secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, el morenista Javier Corral, subrayó el avance significativo que representa el segundo conversatorio sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y destacó la apertura de la Presidenta Claudia Sheinbaum para escuchar y atender las preocupaciones legítimas en torno a esta reforma estratégica.
El legislador señaló que, si bien el tema de la autoasignación de espectro por parte del Estado ha generado inquietudes, se trata de una figura enfocada en el cumplimiento de metas de cobertura social y universal, no de un instrumento con fines comerciales, e hizo un llamado a revisar con objetividad el contenido real de la iniciativa.
- El Dato: Jorge Pérez, de la ATDT (cuyo titular, José Merino, no acudió), defendió que el acceso al espectro sea una prioridad para garantizar cobertura en regiones remotas.
“En todo caso, el tema es el uso comercial y en qué condiciones el Estado se asigna a sí mismo espectro radioeléctrico para llegar al usuario final y garantizar objetivos de cobertura social y universal. Yo creo que este es uno de los necesarios ajustes al dictamen”, dijo.
Asimismo, reconoció que muchas de las observaciones planteadas por especialistas, académicos y representantes del sector están siendo incorporadas en las reservas que preparan las comisiones dictaminadoras y respaldó el compromiso de la Presidenta Sheinbaum para mantener la neutralidad en la competencia y responder a las preocupaciones del sector.
En relación con el artículo 57, uno de los puntos más discutidos del proyecto, Corral Jurado adelantó: “Vamos a construir una nueva redacción de ese 57 para hacerlo acorde a tres cosas: al régimen constitucional establecido en el artículo 28 y en el sexto constitucional, a los lineamientos que México suscribió en el Tratado de Libre Comercio y, obviamente, revisando los estándares internacionales en esa materia”.
Frente a las críticas por supuesta competencia desleal del Estado, el morenista dijo: “No hay competencia desleal. El Estado no puede ser considerado como un operador más”.
Durante el conversatorio, voces del sector público, académico, empresarial y comunitario coincidieron en la urgencia de una legislación que promueva la equidad y el acceso universal a la conectividad.
No obstante, también se encendieron alertas sobre el papel dominante del Estado en la gestión del espectro y la posible exclusión de actores clave como las pequeñas empresas y los pueblos indígenas.
Elizabeth Peña Jauregui, de Ericsson, abogó por incluir en la ley el concepto de “conectividad significativa”, que implica acceso confiable, seguro, asequible y de calidad a internet.
Además, pidió eliminar impuestos especiales que hoy limitan la inversión, revisar el costo del espectro e impulsar una política fiscal que favorezca el desarrollo del sector: “La ciberseguridad debe ser un derecho fundamental”.
Jimena Ferráez, presidenta de la Cámara de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones, pidió un marco normativo que evite la discrecionalidad, simplifique trámites y facilite el acceso a tecnología y financiamiento.