El Gobierno Federal ratificó que el artículo 109 de la nueva Ley de Telecomunicaciones propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que generó acusaciones de intentos de censura, será eliminado, mientras que el relativo a la prohibición a la propaganda política de gobiernos extranjeros se mantendrá.
Durante la conferencia matutina, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, aseguró que este proyecto legislativo tiene como objetivo central asegurar que al menos 15 millones de mexicanos que enfrentan falta de condiciones para garantizar su conectividad, ahora sí lo tengan asegurado.
- El Dato: En materia de seguridad, José Antonio Peña subrayó que la ley también busca bloquear la señal desde los centros penitenciarios para evitar su uso ilícito.
“El artículo 109 causó cierto malentendido, polémica. Era un artículo pensado para acompañar un artículo que ya existe hoy en la ley del IVA que es el 18, para plataformas de venta de bienes, pero bueno, para que no haya ningún espacio de duda y, como lo mencionó la presidenta, aquí no hay censura, Al contrario. (Es) una ley que promueve conectividad, que promueve que más personas puedan usar datos y manifestar sus ideas y usar redes sociales, es una ley que claramente va en el sentido contrario”, sostuvo.
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Sobre el artículo relativo a la propaganda de otros gobiernos extranjeros, la Presidenta aclaró que la difusión de contenidos de tipo cultural quedará exenta.
El funcionario explicó que la reforma regula todo el ecosistema de telecomunicaciones en el país, como satélites, antenas y torres, que permiten la conectividad en aparatos de uso cotidiano como el celular y las computadoras que utilizan Internet, entre otros servicios.
“Otra forma de decirlo es que se regula el acceso y el uso de señales de comunicación; es decir, quién accede a las formas de transmisión e información, sea por el aire —lo que llamamos ‘espectro’— y qué uso se hace de esta infraestructura”, dijo.
Para dimensionar la necesidad de la regulación propuesta, explicó que en México hay 10.2 millones de personas que viven en zonas sin cobertura 4G, lo que les impide acceso a Internet, el cual es considerado como un posibilitador de derechos; en otro punto, más de cuatro millones tienen señal, pero no pueden pagar los servicios.
En cuanto a costos, comparó el precio del acceso a la red con países en condiciones similares a las de México, ejercicio en el que nuestro país resultó ser el que tiene el precio más alto por GB.
Mencionó que en el sexenio anterior se hizo un esfuerzo para fortalecer la infraestructura para aumentar la conectividad, que dio como resultado que se pasara de 13 mil a 141 mil localidades beneficiadas, que se tradujo en un incremento de 40 mil a 97 millones de personas conectadas.
Así, se estableció que 92 por ciento de la población vive en zonas con cobertura y el gasto promedio nacional es de 721 pesos, aunque en familias en condiciones vulnerables llega a representar 247 pesos y ello les representa un gasto oneroso.
Para ello, explicó que el objetivo es garantizar un espectro para uso público por medio del Internet gratuito en oficinas gubernamentales y sitios públicos; también asegurar una cobertura social, brindar acceso fácil al espectro con fines investigativos o educativos, así como que las radios comunitarias tengan facilidades para su financiamiento por medio de publicidad de comercios locales.
También comentó que la ley permitirá otros cambios importantes, como la restitución de los derechos ganados en 2014 en cuanto a la defensa de los derechos de las audiencias, así como de los usuarios en cuanto al acceso a equipos desbloqueados, es decir, que los celulares no estén privados de poder elegir cualquier compañía telefónica que se desee; también para que la recarga de saldo pueda ser en cualquier establecimiento.
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FGR
