Videos captados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron destruidos u ocultados, ratificó Ángela Buitrago, integrante del extinto Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, la abogada colombiana reveló que desde el 2014 el GIEI tuvo conocimiento de la existencia de estas grabaciones, las cuales mostraban patrullas y movimientos frente al Palacio de Justicia, en las inmediaciones donde fueron desaparecidos al menos 15 estudiantes.
“Las cámaras grabaron claramente la presencia de patrullas en el lado contrario del camión donde estaban los muchachos. Era una prueba clave para determinar también qué actores estuvieron el 26 de septiembre en ese lugar, frente al Palacio de Justicia”, afirmó.
Los videos, detalló, fueron entregados originalmente en una USB al Tribunal Administrativo, pero nunca llegaron a manos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
“Quien tenía en su poder esa USB era la titular de la parte administrativa del Tribunal, y que directamente debía haber procedido como lo ordena la Constitución y la ley mexicana. Y es que cualquier funcionario, en conocimiento de un hecho delictivo como era éste, debía haber puesto a disposición de la Procuraduría de manera inmediata esa información, lo que nunca sucedió.
“Normalmente llegamos nosotros a decir, dentro de las investigaciones que se hicieron, que eran alrededor de 15 muchachos los que estaban en ese camión que estaba debajo del puente que conduce de Iguala a Chilpancingo”, explicó.
El material pudo haber sido determinante para establecer responsabilidades desde las primeras horas de investigación, dijo la experta: “La pérdida de esa evidencia es lamentable. Se perdió información vital sobre los autores, partícipes y el destino de los estudiantes.
“Eso lo puedes leer en el informe detalladamente donde dice qué autoridades, qué patrullas, en qué lado de la vía estaban las patrullas, los carros, las camionetas. Y esto se va complementando con otros medios probatorios que permiten decir lo que acabo de afirmar ahorita, que no solamente había presencia de autoridades de Iguala, sino también de Huitzuco y también de otras partes”, señaló.
Buitrago subrayó que el GIEI no se basó en hipótesis, sino en hechos documentados: “Hay testimonios, declaraciones de ingenieros que operaban el sistema, peritajes y registros oficiales que confirman que los videos existieron y fueron manipulados”.
Los informes del GIEI también revelan la presencia de otras corporaciones, como la policía de Cocula y Huitzuco, en la escena. “Esto fortalece la hipótesis de una acción coordinada entre distintas autoridades”, concluyó Buitrago.
Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han dado una explicación clara sobre el destino de esas grabaciones ni han deslindado responsabilidades por su omisión.