Un grupo de 24 Congresistas demócratas, integrantes del Caucus Hispano del Congreso, enviaron una carta al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, en la que rechazaban el impuesto de 5% a las remesas que se envían a América Latina y el Caribe.
En dicho documento, los legisladores estadunidenses aseguraron que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene razón al asegurar que dicho impuesta afectaría a las familias más necesitadas.
“La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya ha condenado públicamente esta propuesta, calificándola de perjudicial para la economía de ambos países y de una traición a los valores estadounidenses. Tiene razón”, indicaron en el documento firmado por 24 Congresistas.
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Afirmaron que, de aprobarse la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se socavarían los esfuerzos para reducir la migración irregular, debido a la desesperación por la falta del dinero impulsará a más personas a emprender el peligroso viaje a la frontera sur de Estados Unidos.
En La Razón de México, te presentamos el documento íntegro:
CONGRESSIONAL HISPANIC CAUCUS
119th Congress
May 16, 202
- The Honorable Mike Johnson
- Speaker of the House U.S. House of Representatives H-232,
- The Capitol Washington, D.C. 20515
Estimado Presidente Johnson:
Como miembros del Caucus Hispano del Congreso, le escribimos hoy para instarle a rechazar la propuesta de un impuesto especial del 5% sobre las transferencias de remesas, presentada recientemente por el Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Esta disposición, profundamente errónea, incluida en el proyecto de ley fiscal más amplio del Partido Republicano de la Cámara, afecta desproporcionadamente a las comunidades inmigrantes, socava los lazos económicos con nuestros vecinos del hemisferio y contradice los principios mismos de libertad económica y responsabilidad personal que este organismo afirma defender.
Las remesas (transferencias de dinero voluntarias enviadas por personas en EE. UU. a sus seres queridos en el extranjero) son un pilar fundamental tanto para la ayuda humanitaria como para el desarrollo económico. Tan solo en 2023, los residentes de Estados Unidos enviaron 93 000 millones de dólares en remesas a nivel mundial, según el Banco Mundial. Estas transferencias no son lujos frívolos; son vitales para ayudar a los familiares en el extranjero a cubrir sus necesidades de alimentación, ropa, educación y vivienda en países donde estas necesidades básicas suelen estar fuera de su alcance. Como bien lo expresó Paul M. Vaaler, profesor de la Universidad de Minnesota, las remesas son recursos vitales que también financian la actividad empresarial y la resiliencia económica local.
Este impuesto propuesto cubriría a más de 40 millones de personas, incluyendo a titulares de tarjetas de residencia permanente y visas de no inmigrante (entre ellos, trabajadores H-1B, H-2A y H-2B), mientras que eximiría a los ciudadanos estadounidenses. Esto crea un preocupante sistema de dos niveles que castiga a los inmigrantes respetuosos de la ley y trabajadores que contribuyen a nuestra economía y que a menudo desempeñan empleos esenciales en la agricultura, la atención médica, la infraestructura y la tecnología. Es discriminatorio en la práctica y punitivo en sus efectos.
En términos más generales, esta política tensaría las relaciones diplomáticas y económicas de Estados Unidos. América Latina y el Caribe (ALC) recibió más de 160.900 millones de dólares en remesas el año pasado: 65.100 millones de dólares se dirigieron solo a México, seguidos de flujos significativos a Guatemala, República Dominicana, Colombia y El Salvador. El Banco Interamericano de Desarrollo señaló que estas transferencias crecieron un 9 % en 2023 y son fundamentales para la estabilidad y el desarrollo regional. Imponerles un impuesto federal envía un mensaje inequívoco de hostilidad tanto a los trabajadores migrantes como a nuestros vecinos del hemisferio occidental.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya ha condenado públicamente esta propuesta, calificándola de perjudicial para la economía de ambos países y de una traición a los valores estadounidenses.5 Tiene razón. Un impuesto a las remesas no solo supone una carga para las familias necesitadas, sino que también socava los esfuerzos para reducir la migración irregular. Expertos y exmigrantes llevan mucho tiempo advirtiendo que limitar las remesas agravaría precisamente las presiones migratorias que los republicanos del Congreso afirman querer abordar. Cuando se detenga el flujo de dinero, la desesperación impulsará a más personas a emprender el peligroso viaje a la frontera sur de Estados Unidos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) subraya que las remesas pueden representar una parte significativa del PIB en muchos países de ingresos bajos y medios, financiando pequeñas empresas e infraestructura donde los gobiernos no alcanzan. Al apoyar a familias y comunidades en el extranjero, estas transferencias ayudan a estabilizar economías frágiles y a reducir la dependencia de la ayuda estadounidense.
Países como Haití, Honduras y El Salvador reciben entre el 20 % y el 30 % de su PIB en remesas. Interrumpir este flujo no solo es moralmente miope, sino también fiscalmente imprudente. Solo exacerbará aún más la migración irregular en el hemisferio occidental.
Esta propuesta fiscal no solo es una mala política, sino una traición a nuestra identidad como nación de inmigrantes, constructores y forjadores de puentes. Les instamos encarecidamente a que rechacen esta disposición y cualquier intento de penalizar a las familias trabajadoras y respetuosas de la ley que envían una pequeña parte de sus ingresos para apoyar a sus seres queridos en el extranjero.
Nuestras leyes deberían fortalecer a las comunidades, no destruirlas. Este impuesto contribuye a esto último. Defendamos firmemente la libertad económica y nos opongamos a esta política regresiva y discriminatoria.
JVR
