Durante el tercer conversatorio en el Senado sobre la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, representantes del sector digital, social y público reconocieron avances; no obstante, advirtieron que aún persisten disposiciones ambiguas que podrían habilitar formas de censura, afectar derechos fundamentales y generar incertidumbre jurídica para los servicios digitales.
Uno de los puntos más celebrados por las y los participantes fue la eliminación del polémico artículo 109 del proyecto original, el cual permitía el bloqueo de plataformas digitales sin orden judicial.
- El Dato: el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, insistió en la petición de que comparezca ante el pleno el titular de la ATDT, José Merino.
“Su redacción original generaba múltiples preocupaciones, entre ellas, concentración excesiva de poder sin garantías, ambigüedad sobre qué autoridad puede aplicar la medida, ausencia de control judicial y riesgo de censura”, sostuvo Mercedes Aramendia, de la Alianza por una Internet Abierta.
Embajada alerta cancelación de vuelos México - Irán
Sin embargo, la experta alertó que estos riesgos podrían replicarse si se reintroducen bajo otras disposiciones del proyecto: “Los bloqueos afectan a toda la cadena de valor digital y pueden vulnerar compromisos internacionales de México”.
Gabriel Falcón, de IAB México, destacó el impacto económico de la publicidad digital, que ya representa el 60 por ciento del gasto publicitario en el país. En ese sentido, llamó a construir un marco regulatorio que no inhiba la inversión, ni afecte el acceso gratuito a contenidos.
“En IAB México no nos oponemos a la regulación, al contrario, la promovemos cuando es clara, aplicable y construida con evidencia. Creemos firmemente en el equilibrio entre la regulación y autorregulación. (Ambas) deben coexistir. Lo importante es evitar marcos que confundan censura con protección o que limiten la innovación bajo el pretexto del control”, dijo.
Desde la Asociación Latinoamericana de Internet, Fabiola Peña señaló que las definiciones legales actuales podrían extenderse a servicios fuera del ámbito de telecomunicaciones, como redes sociales y comercio electrónico, generando inseguridad jurídica.
Por su parte, Francia Pietrasanta, de R3D, celebró el retiro de los artículos 201 y 202, que planteaban censura previa a contenidos extranjeros, pero pidió blindar la ley contra intentos de reintroducir tales medidas con otro lenguaje.
“Sin embargo, es importante subrayar, si se eliminan estos artículos no deben replicarse en otras disposiciones ni insistirse en medidas de censura violatorias de la libertad de expresión desde otras leyes”, señaló.
Desde la perspectiva estatal, Héctor Romero, de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, defendió el papel del Estado como garante de la conectividad en regiones marginadas. En tanto, David Pizaña, de la Asociación de Internet MX, insistió en la necesidad de definir un marco normativo específico y actualizado para los servicios digitales.
El conversatorio dejó ver coincidencias generales en torno a modernizar la legislación y garantizar derechos digitales, pero también puso sobre la mesa las tensiones entre control estatal, libertad de expresión e impulso al ecosistema digital.
