La Corte Civil de Florida, Estados Unidos, sentenció al exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, y a su esposa, Cristina Pereyra, al pago de dos mil 488 millones de dólares por el uso de un mecanismo ilegal de contratación y desvío de recursos públicos del Gobierno mexicano; esta suma, señaló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, representa tres veces más que la demanda inicial que se interpuso en la nación vecina.
La jueza del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Lisa Walsh, resolvió la demanda civil que interpuso la UIF el 21 de septiembre del 2021, relacionada con un esquema de corrupción y desvío de recursos públicos que fueron llevados a Estados Unidos.
- El Dato: Durante el juicio en NY en 2023, Pereyra se presentó como testigo y redactó una carta dirigida al juez Brian Cogan para destacar los valores familiares del exfuncionario.
Por ello, la impartidora de justicia estableció que García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, y su esposa Linda Cristina Pereyra deberá hacer un pago de mil 740 millones de dólares por su participación en este delito.
De acuerdo con las investigaciones de la UIF, los recursos desviados se transferían a cuentas en EU, particularmente en el condado de Miami-Dade, con el objetivo de ocultar su origen ilícito.
La unidad acusó al exfuncionario calderonista y a su pareja de haberse enriquecido a través de mecanismos corruptos durante su gestión como secretario de Seguridad Pública, mediante contratos manipulados para beneficiar a determinadas empresas.
Según la denuncia, a través de un conglomerado familiar, el exfuncionario obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Además, se identificaron transferencias internacionales y lavado de dinero, pues parte de los recursos fueron canalizados a través de empresas fachada y cuentas bancarias personales en Florida.
Otro delito que imputó la UIF fue el uso indebido de recursos públicos, los cuales fueron parte del patrimonio de García Luna y familia.
El juzgado de la Corte de Florida acreditó que el esquema funcionó durante varios años y permitió el desvío de miles de millones de dólares, que en suma alcanzaron dos mil 488 millones.
En respuesta a la decisión judicial, la UIF aseguró que la sentencia impuesta a García Luna y a su esposa, por dos mil 488 millones de dólares, equivale a tres veces la suma inicial por la que el Gobierno mexicano emprendió una demanda civil en su contra en Florida. Además, señaló que el Gobierno de México ha logrado recuperar sólo dos millones 801 mil 627.7 dólares, que significan menos del 0.5 por ciento del total del daño al erario cometido por García Luna y su esposa.
Sin embargo, la UIF advirtió que seguirá trabajando para localizar y recuperar los activos restantes. “A partir de la emisión de la sentencia, el Estado mexicano procederá a su ejecución respecto de los bienes propiedad de los sentenciados que sean localizados en el futuro, aun bajo la propiedad simulada de terceros que operen como testaferros”, agregó.
Además, detalló que algunos de los activos obtenidos hasta ahora son: Delta Integrator LLC, de la cual se recuperaron un millón 970 mil 872.72 dólares; un inmueble valuado en 555 mil 800 dólares y 275 mil dólares adicionales como resultado de un vencimiento de hipoteca.
Los recursos recuperados han sido ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta.