Con un abstencionismo cercano al 90 por ciento, el PAN consideró que las elecciones para renovar el Poder Judicial “no fueron un avance democrático, sino un retroceso institucional profundo”.
Afirmó el diputado Héctor Saúl Téllez que “se entregó el Poder Judicial al vaivén de las urnas, sin filtros de integridad, competencia ni imparcialidad”.
Con un presupuesto de alrededor de siete mil millones de pesos, cifra menor a la estimada por el Instituto Nacional Electoral (INE), este domingo 1 de junio “se concretó la farsa que inició con una reforma al Poder Judicial”, señaló el PAN en la Cámara de Diputados.
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El legislador denunció que, así, Morena y sus aliados aprobaron esta reforma “para tomar por asalto y someter al único poder que representaba un contrapeso al Ejecutivo”.
El vicecoordinador económico del grupo parlamentario del PAN en la Cámara baja señaló que “la mayoría de los votantes no conoció el perfil de los más de dos mil 600 candidatos al Poder Judicial. No existieron suficientes recursos para asegurar una discusión pública informada y tampoco se organizaron debates obligatorios”.
Sostuvo que la falta de información o de interés de la ciudadanía fue aprovechado para coaccionar el voto a través de los “acordeones de la corrupción” en los que se “orientaba” a la ciudadanía por qué candidatos votar.
“Es preocupante que, en muchas zonas del país, más del 70 por ciento del electorado no supo identificar el nombre ni la función del cargo judicial por el que votaba. Más lo es, que muchas personas acudieron a las urnas con los acordeones de la corrupción; ¿quién garantiza que los jueces, magistrados y ministros elegidos por voto popular no estén vinculados con el narcotráfico, asesinatos, componendas y otras irregularidades”, cuestionó.
Téllez Hernández agregó que se permitió la participación de aspirantes sin experiencia ni carrera judicial previa y sin haber pasado por exámenes rigurosos de oposición o control ético; incluso, dijo, algunos candidatos presentaron títulos profesionales dudosos, inconsistencias en su currículum o investigaciones pasadas por corrupción o vínculos con redes políticas clientelares o del crimen organizado.
Consideró que la judicialización de la política y la politización de la justicia conllevan riesgos estructurales, tales como fallos judiciales con sesgo ideológico, persecuciones legales contra opositores, pérdida de confianza en los tribunales y una erosión de garantías básicas del Estado de derecho.
También, la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, denunció que el domingo se solicitó permitir el ingreso de elementos militares vestidos de civil al interior del INE, medida que calificó como ilegal y contraria a los principios democráticos del proceso electoral.
Respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en la sesión del Consejo General, la diputada advirtió: “La solicitud de permitir el ingreso de militares vestidos de civil es ilegal y transgrede los principios democráticos en que debe transcurrir la elección”.
