Tres actuales consejeros de la Judicatura Federal Celia Maya García y Eva Verónica de Gyves Zárate, así como Bernardo Bátiz Vázquez, se perfilan para ser parte del que será el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, con el 7 por ciento de las actas computadas.
El órgano que suplirá una parte de las labores que actualmente desempeña el Consejo de la Judicatura Federal en cuanto a vigilancia del desempeño de los juzgadores, investigar y sancionar faltas graves en el ejercicio de la justicia, estará constituido por cinco integrantes: tres mujeres y dos hombres.
De acuerdo con ello, Celia Maya García se coloca a la cabeza de los candidatos al registrarse, al corte de las 10 de la mañana, 227 mil votos para la actual consejera de la Judicatura Federal, es decir, el 7.4 por ciento de los sufragios.
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En segundo sitio se coloca Eva Verónica de Gyves Zárate, con 204 mil votos, correspondientes al 6.7 por ciento.
En tercera posición está Bernardo Bátiz Vázquez con 199 mil votos, que es el 6.5 por ciento.
El cuarto sitio lo ocupa Indira Isabel García Pérez, quien suma 175 mil votos, es decir, el 5.7 por ciento de los sufragios.
Y él último lugar lo ocupa Rufino León Tovar con 167 mil votos, correspondientes al 6.5 por ciento.
De acuerdo con lo establecido en la reforma judicial, las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial serán definitivas e inatacables. Esto significa que no podrán ser apeladas ni impugnadas y tampoco se podrá interponer amparo contra sus resoluciones.
Los cargos de cada uno de sus integrantes tendrán una duración de seis años. La presidencia de dicho órgano será rotatoria y entre sus integrantes elegirán a quien la encabece.
El Tribunal trabajará en pleno y en comisiones. El pleno será el encargado de resolver en segunda instancia los casos que le sean presentados por las comisiones. Estas últimas se encargarán de la investigación y resolución de los casos en primera instancia.
El Tribunal sólo vigilará a jueces y magistrados, con excepción de los magistrados electorales y los ministros. Podrá iniciar investigaciones de oficio o por denuncia, ordenar medidas cautelares, sancionar a los servidores públicos judiciales y remitir casos al ministerio público si considera que se ha cometido un delito.
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LMCT
