Candidatos, partidos, organizaciones y asociaciones civiles habían interpuesto hasta este martes 133 juicios de inconformidad contra los resultados de los cómputos distritales de la elección judicial del pasado 1 de junio, en los que se exige desde el recuento de votos hasta la nulidad de la elección.
Dentro de quienes no obtuvieron un lugar en el que será el nuevo Poder Judicial y presentaron juicios de inconformidad, la mayoría exige tener acceso a las actas de cada casilla para poder realizar su argumentación, e incluso, hay quienes señalan anomalías estadísticas en el conteo.
Dora Martínez Valero, quien fue candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), interpuso dos juicios electorales y uno de inconformidad, luego de que solicitara todas y cada una de las actas, el encarte y los recibos o talones de la entrega de los paquetes en cada consejo distrital y el Instituto Nacional Electoral (INE) le respondiera que había solicitado a la Junta Local de la Ciudad de México que las entregara, pero omitió que debía corresponder a las 32 entidades.
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- El Dato: De manera simultánea, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE revisará los informes de ingresos y gastos de la totalidad de los 7,767 candidatos a cargos judiciales.
Uno de los juicios que presentó fue ante la negativa del INE a su solicitud de recuento total de la elección, debido a que el criterio siempre ha sido que cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugares sea menor a los votos nulos, debe haber un recuento, lo que le fue negado.
“Y en este caso la diferencia entre todas las candidaturas es menor a los votos nulos, por lo que debe haber un recuento y el INE me lo negó”, explicó.
Asimismo, presentó un juicio de inconformidad referente a no poder impugnar todas las casillas donde había una irregularidad, al no contar con las actas para poder demostrar esas irregularidades.
“Estas casillas, por ejemplo, que tenían más del 100 por ciento de votos y otras donde hubo sustituciones indebidas de funcionarios que, al no tener las actas, pues no podía demostrarlo, pero que sí identificamos en todo el país”, expresó.
En el mismo sentido, 31 candidatos a magistrados y jueces que participaron en la elección, se sumaron a una solicitud al INE para que les sea entregada, o bien, se publique la base de datos de registros individuales de las boletas, es decir, el archivo de la casilla de origen, los números de candidatura marcados y, en su caso, la fecha y hora de captura.
Asimismo, la entrega y publicación de las actas levantadas en cada casilla el día de la jornada electoral, ya que dichos documentos son fundamentales para la transparencia.
“Su acceso es indispensable para que podamos ejercer nuestro derecho de defensa y para que la ciudadanía tenga plena confianza en la autenticidad del proceso electoral judicial”, externaron.
Hugo Abelardo Herrera Sámano, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, y quien fue candidato a magistrado de la Sala Regional Ciudad de México, solicitó la nulidad de la elección o la anulación de casillas viciadas y el recuento integral de los votos.
El excandidato, quien obtuvo el segundo lugar para el único sitio disponible para hombres, con 442 mil votos, por debajo de José Luis Ceballos Daza, quien logró 904 mil 929 votos, explicó que solicitó lo anterior debido a la violación a los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad.
“Estoy planteando una nulidad por violación a principios constitucionales, que entre otras cuestiones se da cuando la elección es desaseada, que no garantiza los principios rectores de la función electoral”, dijo.
Asimismo, alega la violación al principio de equidad e imparcialidad, así como el uso de los acordeones, donde se estaba orientando a la ciudadanía por quién votar. Su caso será analizado por la Suprema Corte, al tratarse de un candidato a magistrado electoral, luego de que se le otorgaran facultades para resolver los juicios de inconformidad referentes a las candidaturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La legislación otorga al TEPJF un plazo hasta el 28 de agosto para resolver todos los juicios de inconformidad derivados de la jornada electoral.
