La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 349 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, y en lo particular con cambios por 351 a favor, 124 en contra y cero abstenciones, con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional (GN) y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones. Mientras la oposición denuncia “imposición”, el oficialismo defiende que es “en bien de la ciudadanía”.
El dictamen incluye las disposiciones de:
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
- Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
- Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
- Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
- Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
- Código de Justicia Militar
- Código Militar de Procedimientos Penales
Dolores Padierna Luna, diputada de Morena, señaló que la creación de la corporación en 2019 marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad nacional.
Afirmó que, con estas modificaciones a la ley, se da una respuesta inmediata a los desafíos de seguridad, y “también es una apuesta, es una estrategia de Estado, es una apuesta de largo plazo para construir, para tener una fuerza policial que se distinga por su eficacia, su profesionalismo, su proximidad con la ciudadanía”.
En su turno, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar denunció que la aprobación de esta ley es una “simulación del oficialismo” en materia de seguridad, y advirtió que la reforma a la Ley de la Guardia Nacional es un intento disfrazado de militarizar al país y consolidar el control del poder bajo el pretexto de proteger a la ciudadanía.
Con la aprobación de esta reforma, se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Y también se hace extensivo a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales. Se envió al Senado para sus efectos constitucionales.
El priista Arturo Yáñez Cuéllar denunció que esta ley es una “simulación del oficialismo” en materia de seguridad y advirtió que la reforma es un intento disfrazado de militarizar al país y consolidar el control del poder bajo el pretexto de proteger a la ciudadanía, afirmó.
“Morena quiere controlar por la fuerza lo que no puede sostener con la legitimidad. Por eso, a nombre del PRI, votamos en contra porque nosotros sí defendemos al pueblo de México”, sentenció.
El legislador cuestionó que el verdadero propósito de estas reformas no es pacificar, sino centralizar el poder, eliminar contrapesos y subordinar la seguridad pública al control militar sin transparencia ni control civil. Afirmó que convertir a la institución en un brazo político operativo es una amenaza a la democracia.
Pidió tener memoria “porque ustedes quieren una policía que puedan organicer, la capaciten y dirijan y lo hagan simulado a través de un escritorio militar y sin temporalidad de actuaciones”.
En el marco de la sesión ordinaria, el petista Ricardo Mejía Berdeja señaló que la expedición de la Ley de la Guardia Nacional no es una ocurrencia ni una imposición, “es el resultado de una evolución institucional que responde al mandato popular de contar con una fuerza territorial que tenga la capacidad de pacificar el país y mantener la seguridad pública, en beneficio de la ciudadanía”.
José Guillermo Anaya Llamas (PAN) al dar su voto en contra, explicó que es porque la reforma simboliza un intento grave por normalizar la militarización de la seguridad del país, contrario al artículo 21 constitucional que expresa claramente que las funciones de seguridad deben ser de carácter civil.
“No es un hecho aislado para tomar el control del país con rasgos de autoritarismo total”. La milicia debe coadyuvar a la seguridad pública con rostro humano y corporaciones civiles profesionales, dijo.
ONG ve en norma riesgo a principios democráticos
› Por Sergio Ramírez
La organización Causa en Común reprobó la “militarización de la seguridad pública”, luego de los cambios aprobados en la Cámara de Diputados sobre la Ley de la Guardia Nacional, lo cual pone en riesgo principios democráticos que suponen la sana distancia con respecto a la esfera civil y el tratamiento de la seguridad.
“México requiere una política de seguridad basada en corporaciones civiles en permanente desarrollo, fiscalías profesionales e independientes y un Poder Judicial autónomo. Requiere también restablecer el equilibrio civil-militar”, apuntó en un comunicado la organización.
Resaltó que los diversos ajustes legales en materia de seguridad que se encuentran en proceso de aprobación legislativa consolidan la militarización de la seguridad pública vía diversas atribuciones conferidas a las Fuerzas Armadas desde la creación de una Guardia Nacional militarizada en 2019.
- El Tip: Causa en Común es una organización en defensa de la democracia y sus instituciones, en especial de la seguridad.
“Se insiste, por tanto, en una directiva de seguridad pública que no sólo ha demostrado ser ineficaz —con niveles sostenidos de violencia e impunidad—, sino que genera abusos, violaciones a derechos humanos y opacidad en el uso de recursos públicos”, agregó.
Causa en Común consideró que la concentración de funciones civiles bajo el amparo del fuero militar, el debilitamiento presupuestal, político y operativo de las policías, la subordinación partidista de las fiscalías y la captura del Poder Judicial, amplían cada vez más los espacios para la acción arbitraria del poder y son incompatibles con un régimen de garantías. El país necesita, aliarse por los derechos y libertades de los mexicanos, dijo.
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cehr