La Corte Suprema de Estados Unidos restringió la capacidad de los jueces federales para emitir medidas cautelares de alcance nacional contra órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, en particular la que busca limitar el derecho de ciudadanía por nacimiento.
Con una votación de 6 a 3, la mayoría conservadora del tribunal, liderada por la jueza Amy Coney Barrett, ordenó a cortes inferiores en Maryland, Massachusetts y Washington que reconsideren las medidas cautelares que habían bloqueado la aplicación de dicha directiva presidencial.
Esta disposición, firmada por Trump en su primer día de regreso al cargo, instruye a las agencias federales a no otorgar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales.
Sin embargo, el fallo impide que la orden de Trump entre en vigor durante al menos 30 días.
Trump celebró la decisión en su red Truth Social como una “GRAN VICTORIA” y dijo que la “estafa” de la ciudadanía por nacimiento había sido “golpeada indirectamente”.
Posteriormente, en conferencia de prensa, calificó el fallo como “una de las decisiones más importantes” y prometió reactivar las políticas migratorias que fueron previamente suspendidas por jueces federales.
La fiscal general Pam Bondi también celebró el fallo y señaló en X que marca el fin del “aluvión interminable de órdenes judiciales a nivel nacional contra el presidente Trump”, al tiempo que elogió al procurador general John Sauer y al equipo del Departamento de Justicia.
Por su parte, la jueza liberal Sonia Sotomayor criticó la decisión y acusó a sus colegas de “ceder, en lugar de mantenerse firmes”, al tiempo que advirtió que “el presidente ha convertido nuestra Constitución en una burla solemne”.
La medida representa una victoria legal clave para la administración Trump, que desde hace meses ha cuestionado lo que califica como “medidas cautelares nacionales abusivas”.
De acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso, entre el 20 de enero y el 29 de abril de este año se emitieron 25 órdenes judiciales de alcance nacional contra políticas del presidente en temas como migración, equidad, inclusión y ciudadanía.
Los demandantes, entre ellos 22 fiscales generales demócratas y organizaciones en defensa de los derechos de migrantes, argumentan que la directiva presidencial vulnera la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense.
Según sus estimaciones, más de 150 mil recién nacidos podrían ser afectados cada año si se aplica la orden.
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