Como medida de protección a las comunidades migrantes en Los Ángeles, California, la alcaldesa Karen Bass firmó una orden ejecutiva para hacer frente a las redadas ordenadas por la administración de Donald Trump, las cuales calificó como “ilegales y caóticas”.
“Nunca aceptaré estas redadas ilegales y caóticas y seguiré haciendo todo lo posible para defender los derechos de los habitantes de Los Ángeles”, advirtió la demócrata.
La orden reforzará los protocolos municipales que prohíben el uso de recursos de la ciudad para la aplicación de la ley migratoria, amplía el acceso a recursos para las familias afectadas, establece un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y solicita registros de agencias federales sobre redadas ilegales.
- El Dato: La organización United Farm Workers confirmó el fallecimiento de un trabajador durante la operación de control de inmigración realizada el jueves en granjas.
También, los enlaces designados deberán reportar cualquier actividad migratoria federal en propiedades de la ciudad. Karen Bass señaló que la directiva “es necesaria” para ayudar a la ciudad y sus habitantes a enfrentar la política migratoria del gobierno de Donald Trump.
“Ante las señales de la administración Trump de que intensificará su enfoque caótico, me aseguro de desplegar todos los recursos y herramientas disponibles en la ciudad para asegurar el apoyo a las comunidades inmigrantes”, dijo.
La alcaldesa angelina detalló que continuará la búsqueda de recursos legales en los tribunales para contrarrestar operativos violentos con agentes enmascarados, luego del despliegue militar ocurrido el lunes en el Parque MacArthur, que no contó con el permiso de la ciudad.
Comentó que el operativo, que incluyó un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional sobrevolando la zona, y en tierra los agentes se movilizaron en vehículos blindados y a caballo, fue con el objetivo de “atemorizar” a los angelinos.
Bass dio a conocer a principios de semana, que Los Ángeles presentó una moción para unirse a una demanda interpuesta contra Trump, alegando que las redadas realizadas son inconstitucionales.
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FGR
