Al menos veinte fiscales generales encabezados por Rob Bonta, de California, presentaron una demanda para impugnar la exigencia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de que los estados entreguen información personal y confidencial sobre millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
Como parte de las medidas de presión en su lucha contra la migración, el USDA ha sugerido que podría retener la financiación administrativa del programa si los estados incumplen, lo que obliga a éstos a elegir entre proteger la privacidad de sus residentes y brindar asistencia nutricional esencial a quienes más lo necesitan.
En la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de EU para el Distrito Norte de California, Rob Bonta y la coalición de fiscales argumentaron que esta exigencia viola múltiples leyes federales de privacidad y la Constitución de EU. “El presidente Trump continúa utilizando la información personal privada y confidencial como arma, no para erradicar el fraude, sino para crear una cultura de miedo donde las personas se resisten a solicitar servicios esenciales”, declaró Bonta en un comunicado.
“Hablamos de niños que no reciben almuerzo escolar; víctimas de incendios que no tienen acceso a servicios de emergencia; y otras consecuencias devastadoras y mortales. Estamos demandando a la administración Trump por sus exigencias ilegales de que los estados entreguen datos personales confidenciales de los beneficiarios del SNAP”, señaló.
Posteriormente, el fiscal Rob Bonta en sus redes sociales publicó que “esta exigencia sin precedentes viola todo tipo de leyes estatales y federales sobre privacidad y rompe la confianza entre el gobierno federal y las personas a las que sirve”.
Bonta lidera a los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo Mexico, Oregon, Rhode Island, Washington y Wisconsin en la presentación de la demanda.
El presidente Donald Trump promulgó la Ley One Big Beautiful Bill, que incluye recortes a los beneficios de SNAP, el 4 de julio pasado.
Cabe recordar que California recibe cerca de mil millones de dólares al año para administrar el programa.
SNAP es un programa financiado por el gobierno federal y administrado por los estados que proporciona miles de millones de dólares en asistencia alimentaria a decenas de familias de bajos ingresos del país.
Los solicitantes proporcionan su información privada con el compromiso, respaldado por leyes estatales y federales de larga data, de que su información no se utilizará para fines no relacionados con el objetivo del programa.
