El gobierno de Estados Unidos notificó al juez Brian Cogan, de la corte federal en Brooklyn, que no buscará la pena de muerte contra Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y contra Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, exlíder del Cártel de Juárez.
Esto indica que avanza la negociación entre el gobierno estadounidense y las representaciones legales de los capos para alcanzar acuerdos de culpabilidad, a cambio de que cooperen con las autoridades y proporcionen información relevante para ese país sobre cómo opera el narcotráfico en México.
- El Dato: El abogado de El Mayo, Frank Pérez, se limitó a decir que la decisión del gobierno de EU “representa un paso importante hacia la consecución de una resolución justa”.
En una misiva firmada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los fiscales Joseph Nocella Jr., Francisco J. Navarro, Robert M. Pollack y Lauren A. Bowman, entre otros, se señala a Cogan que el Gobierno estadounidense no hará la solicitud de pena de muerte de los tres capos de la droga mexicanos.
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“El gobierno presenta respetuosamente esta carta para informar al tribunal y a la defensa que el fiscal general ha autorizado y ordenado a esta oficina que no imponga la pena de muerte contra el acusado”, Ismael Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, cada uno por separado.
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Expertos en seguridad consultados por La Razón coincidieron en que existe una contradicción entre la negociación con los capos y el Gobierno de Estados Unidos; además, señalaron que, si bien la medida puede entenderse como una estrategia jurídica para obtener confesiones a cambio de penas reducidas, también revela un doble filo.
El investigador Javier Oliva señaló que es, “por decir lo menos, contradictorio”, pues apenas en febrero Washington catalogó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pero ahora estaría “pactando con ellos”.
Esta narrativa “terrorista” ha servido a Estados Unidos como una herramienta para endurecer políticas migratorias y comerciales, y no necesariamente como una vía coherente de justicia penal.
“El mensaje es que el combate al narcotráfico también obedece a intereses de política interna estadounidense. México se ha convertido en una parte de la agenda doméstica, no internacional”, subrayó.
David Saucedo, también especialista en seguridad, consideró que, desde una perspectiva operativa, la decisión de no ejecutar a estos líderes criminales fue “la mejor”, pues en el pasado ha habido represalias violentas tras condenas severas.
“Habría sido un error mandar a muerte a cualquiera de estos personajes; la ejecución de alguno habría cerrado toda posibilidad de colaboración futura con otros jefes criminales”, explicó.
La lógica detrás de esta medida apunta, según Saucedo, a obtener confesiones útiles a través de mecanismos legales del sistema estadounidense. Entre ellos destaca la figura del “acuerdo de culpabilidad”, donde los imputados pueden obtener beneficios a cambio de proporcionar información clave sobre la operación de sus cárteles y posibles vínculos con autoridades mexicanas.
Miguel Garza, consultor en temas penales, apuntó que estas confesiones podrían incluir detalles sobre rutas, laboratorios, estructuras financieras, o incluso complicidades de gobernadores, mandos militares o exfuncionarios. “Este tipo de declaraciones son valiosas porque ofrecen un mapa completo del funcionamiento del crimen organizado en México”, aseguró.
Los expertos coincidieron en que esta información podría ser usada políticamente. “Estados Unidos podría usar estos testimonios como herramienta de presión, incluso chantaje, sobre actores del Gobierno mexicano”, advirtió Garza.
Además, se advirtió que hay funcionarios del presente y del pasado que deberían preocuparse. Saucedo reveló que al menos una docena de personajes políticos mexicanos están bajo escrutinio o han sido mencionados en investigaciones ligadas al crimen organizado.
En ese contexto, los protocolos de Palermo, mencionados por Oliva, establecen que el crimen organizado sólo puede subsistir con protección política. “La complicidad, la omisión o el temor de las autoridades permiten que estas redes se mantengan activas”, agregó.
El Chapo exige comunicación
Por Sergio Ramírez
El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, reclamó ante el juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, que no se le permite comunicación con su nuevo abogado Israel José Encinosa, a pesar de la autorización judicial emitida hace tres semanas, ya que “para mí es vital”.
En una carta escrita de su puño y letra, Guzmán Loera denunció que no le han entregado las dos cartas que le escribió el litigante, quien “tiene alrededor de 10 meses vatallando (sic) que le autorice el gobierno poder visitarme, hablar por teléfono”.
Mediante la misiva fechada el 17 de julio, pidió al juez Cogan tomar medidas pertinentes para que le autorice al abogado Encinosa contactarlo.
La mayor parte de la misiva escrita desde su celda en la prisión de máxima seguridad ADX en Florence, Colorado, es repetitiva en el sentido de que no se le permite a su defensa tener contacto con él.
Descartan riesgo en acuerdo de seguridad
› Por Yulia Bonilla
La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que las acciones criminales cometidas por la delincuencia organizada, pongan en riesgo la firma del acuerdo de seguridad que ya se tiene listo con Estados Unidos.
El diario The Wall Street Journal relacionó la fuga del ciudadano chino Zhi Dong Zhang de una residencia en la alcaldía Cuajimalpa, con la advertencia arancelaria lanzada por el presidente Donald Trump contra México de manera casi inmediata.
La mandataria cuestionó el origen de los señalamientos hechos por el diario neoyorkino, pues aseguró que la relación que se mantiene entre ambas naciones es de respeto y colaboración.
“No sé de dónde saca el Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien sus fuentes. Hay acuerdo, hay colaboración y hay cooperación permanente”, aseguró.
Sobre la firma del acuerdo, sostuvo que ya se encuentra listo y la fecha para la firma está por definirse. Remarcó que dentro del convenio se establecen los cuatro ejes principales de la estrategia de seguridad implementada en México: el respeto a la soberanía, al territorio, la confianza mutua y la colaboración y cooperación.
Al consultarle si no considera que la fuga de Zhang, la violencia que se registra en estados en la frontera norte, como Tamaulipas y los cuerpos desmembrados en Veracruz podrían ser utilizados como argumento por parte de Estados Unidos, insistió en que en México las decisiones las toma su gobierno y que debe haber respeto a la soberanía.
“Hay un acuerdo de colaboración y cooperación. Somos un país soberano. Nosotros tomamos las decisiones como país soberano y con EU colaboramos y cooperamos y es muy importante esa colaboración y esa cooperación, muy importante, pero con soberanía. Y hay una estrategia de seguridad y se está trabajando todos los días, todos los días”, dijo.
Recordó que en una de las llamadas telefónicas que ha sostenido con Donald Trump, el republicano llegó a consultar el ingreso de tropas estadounidenses al territorio mexicano, lo que fue rechazado desde el primer momento.
“Lo dije hace mucho tiempo, que el presidente Trump, sí, en alguna llamada me planteó que pudiera entrar el ejército de Estados Unidos y yo le dije que no, que eso no estaba sobre la mesa ni estaba discusión. Y él lo entendió. Pueden insistir, pero no está sobre la mesa ese tema”, recalcó.
