En un esfuerzo por localizar a inmigrantes indocumentados como parte del endurecimiento de la política de Donald Trump, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), inició el proceso de compartir información confidencial de los contribuyentes de todo el país con las autoridades de inmigración.
Los registros incluyen nombres, direcciones y datos fiscales de inmigrantes, a petición del Gobierno de EU, que buscan la deportación de millones de personas que están ilegalmente en ese país.
Con esta información, el Departamento de Seguridad Nacional pretende localizar a personas que, según ellos, puede enfrentar órdenes de deportación y quienes estarían bajo investigación penal federal.
- El Dato: El jefe del IRS, Billy Long, fue destituido tras un conflicto con el DHS por la solicitud de datos de contribuyentes para identificar a migrantes, dijo The Washington Post
La medida ha generado tensiones internas dentro del IRS, con algunos empleados de la agencia que cuestionan la legalidad de esta colaboración, lo cual ha llevado a la renuncia o salida de varios altos funcionarios desde principios de año.
Como parte de las medidas de Trump contra los indocumentados, a partir del 1 de agosto se emitieron las nuevas directrices por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU que facultan a esta agencia a iniciar los procedimientos de deportación de un solicitante de residencia permanente en cualquier momento del proceso y también si la petición es negada.
- 40 mil personas de las que el DHS pidió información por sospecha de que son ilegales
“Básicamente, el Gobierno está revisando todo el proceso migratorio para hacerlo lo más difícil posible que alguien pueda obtener la residencia. Entonces está haciendo algo que debería ser sencillo, complicado, más lento, más caro. Quitar opciones, quitar la elegibilidad en muchos casos de permiso de trabajo, etcétera. Y todo tiene un plan para que muchos ya no inmigren”, dijo a la agencia Spectrum News el abogado migrante Jaime Barrón.
En entrevista, el litigante explicó que esta política fue puesta en pausa por las administraciones de los presidentes Barack Obama y Joe Biden; sin embargo, la administración Trump la activó de nuevo.
La agencia de inmigración dijo en un comucado que según el manual de políticas del servicio en la materia, los inmigrantes y sus cónyuges o familiares que los patrocinan “deben saber que una petición basada en la familia no otorga estatus migratorio ni impide la deportación”.
Esta medida se suma a otras similares que se han puesto en marcha en los sistemas de seguridad social, en el de renta de viviendas y hasta en aplicaciones de envío de remesas.