Frente a las duras políticas de Estados Unidos para restringir el flujo de inmigrantes en ese país y expulsar a los extranjeros que se encuentran en su territorio, el Gobierno de México aceleró y fortaleció el gasto que se canaliza al apoyo y atención de los connacionales afectados.
En el primer semestre de este año, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) vieron robustecidos en alrededor de cuatro mil millones de pesos el presupuesto que se les aprobó inicialmente, principalmente para el reforzamiento de la estrategia de atención y defensa de los mexicanos.
- El Dato: la caravana migrante que salió de Tapachula la semana pasada rechazó la oferta del INM de volver a esa ciudad para resolverles su estancia legal en el país.
De acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Segob ejerció mil 502 millones de pesos por arriba del presupuesto que se le aprobó para ejercer hasta julio de este año, periodo para el cual tenía calendarizado el gasto de cuatro mil 420 millones, pero finalmente se le asignaron recursos por cinco mil 922 millones.
México rechaza declaración de Sheinbaum como persona non grata en Perú; acusa argumentos falsos
Entre los motivos principales de la variación de gasto para esta secretaría estuvo el alza de los recursos para los servicios migratorios, lo cual se combinó también con una mayor inversión para los sistemas de búsqueda de personas desaparecidas.
En cuanto a la SRE, el adicional en este primer semestre del año fue de mil 946 millones de pesos, ya que de cinco mil 175 millones pasó a siete mil 121 millones, y se explicó que hubo mayores recursos para la atención, protección y servicios de asistencia consulares, y para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior.
En un breve desglose particular, se observa que el programa Política y Servicios Migratorios, a cargo de Segob, tenía etiquetados mil 803 millones de pesos en su asignación anual, pero se hicieron modificaciones para que tan sólo de enero a junio contara con tres mil 384 millones, de los cuales ejecutó dos mil 644.
En cuanto a la SRE, el Programa de Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares tenía etiquetados en su presupuesto anual 524 millones de pesos, pero para el primer semestre se hicieron cambios, de tal forma que la cifra ascendiera a dos mil 969 millones, de los cuales gastó dos mil 387 millones.
Entre los fines de este programa está la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior, mediante el registro, atención y conclusión de casos de asesoría, asistencia legal, repatriación y otras acciones de asistencia y protección consular, con el fin de proteger los derechos de las personas mexicanas en el exterior, reduciendo así el número de quejas por parte de las personas mexicanas y los abusos por parte de la autoridad extranjera, además de observar el debido proceso e incrementando la eficiencia en el servicio otorgado a los connacionales en el exterior.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implementó, desde inicios de este año, una revisión en los servicios consulares, que incluyó incluso operativos con funcionarios que se hicieron pasar por paisanos para verificar en qué condiciones estaban operando las oficinas, luego de que se dieran a conocer quejas por parte de connacionales, que manifestaban haber recibido una atención inadecuada, insuficiente e “insensible” de parte de los servidores en cuestión.
A pesar de la inyección extraordinaria de recursos en el primer semestre de este año y de los trabajos que se han hecho, que incluyeron el cambio de titulares en los consulados, persisten las quejas respecto a la atención recibida en éstos.
La activista María Varela, con actividades en Nueva York, aseguró que la defensa de los mexicanos que acuden en busca de apoyo al consulado de dicho estado no resulta suficiente y cuestionó las respuestas que se les dan a los connacionales, pues aseguró que ha habido casos en los que cuando acuden a solicitar asistencia jurídica, la respuesta que reciben es una recomendación para que consulten a abogados particulares por lo que se ven orillados a pagar hasta 25 mil dólares.
“Claro que el consulado dice: ‘No, nosotros no tenemos ese dinero para pagarlo’. Lo dice claro, no lo tienen. O sea, sí tienen eso de asesorar en ‘conoce tus derechos; vamos a checar que dónde está detenida la persona, o sea, vamos a checar si no se están violando sus derechos, en sentido de que pues no están en condiciones malas, no les estén golpeando o no le estén dando su medicina’, y eso es todo”, dijo.
La activista agregó que en días recientes continuaban recibiendo casos de mexicanos en busca de asesoría para tramitar su regulación migratoria, ante lo cual la respuesta que se les da en los mismos consulados es que su caso no clasifica para poder ayudarlos y no se les brinda mayor orientación.
Comentó que fue el 1 de agosto cuando han comenzado a entrar los nuevos cónsules, a partir de lo cual espera que al menos en Nueva York ya mejore la situación, pues aseguró que desde finales del año pasado se carecía de una figura titular que garantizara la asistencia a los mexicanos, lo cual ha terminado por perjudicar a quienes en este tiempo buscaron auxilio.
Javier Calzada, representante de la organización Héroes Migrantes, expuso que ha habido reticencias en algunos consulados a los cambios ordenados por la Presidenta Sheinbaum para la mejora de la atención, como es el caso de Denver, cuyo titular, Pavel Meléndez, quien fuera diputado local en Oaxaca y después se convirtió en cónsul, recientemente se le acusó de acoso, hostigamiento laboral y abuso de autoridad.
Aseguró que en este contexto se ha visto afectada la atención consular por falta de trabajos e intervención oportuna a los connacionales que acuden.
“Está tratando de hacer su trabajo para que no lo remuevan, hace diplomacia para él mismo, no para la comunidad. Han llegado cartas (de los trabajadores) que he visto de ellos mismos que él los ataca. Hay ataques, realmente, hasta de una de las víctimas que lo acusó de acoso sexual”, dijo.
Enfatizó que Denver no es el único consulado con quejas por desatención a los paisanos, sino también se ha dado en otros puntos como Atlanta, Houston y Los Ángeles.
Destinan más a paisanos
Recursos extra erogados por secretarías para atención a migrantes en EU.
Segob:
Presupuesto aprobado 4,420 mdp
Presupuesto reasignado 5,992 mdp
Monto adicional1,502 mdp
SRE:
Presupuesto aprobado 5,175
Presupuesto reasignado 7,121
Monto adicional1,946 mdp
Temen desaparición forzada de migrantes
› Por Claudia Arellano
Activistas y familiares denunciaron que los datos de personas detenidas en el Alcatraz de Caimanes, ubicado al oeste de Miami, Florida, están siendo ocultados por las autoridades de Estados Unidos, por lo que expresaron su temor de que estén siendo víctimas de desaparición forzada.
Javier Calzada, representante de la asociación Migrant Heroes, que ha documentado las vejaciones a la comunidad migrante durante los recientes meses, advirtió que en el peor de los casos, algunos de los migrantes detenidos “no están siendo expuestos en las listas que el Gobierno presenta, y para muchos de sus familiares, entonces, ellos están desaparecidos”.
Además, el senador estatal demócrata Carlos Guillermo-Smith, uno de varios legisladores de Florida que recorrieron recientemente el centro de reclusión, dejó saber que los registros compartidos por quienes operan el lugar “ofrecen una visión parcial de quienes están en la instalación”.
- El Dato: El jueves una jueza federal ordenó suspender temporalmente la ampliación en las obras de construcción del centro, mientras se determina si viola las leyes ambientales.
El legislador agregó que “la red de remolques y carpas, construida sobre una pista aérea cerca de la autopista US 41, lleva pocos días en operación y ya albergaba a unos 750 inmigrantes detenidos, sin datos precisos”.
Los activistas y familiares de las personas recluidas en este lugar, rodeado de peligro y sin un nivel operativo de seguridad mínima, denunciaron que “el estado se ha negado a divulgar públicamente la lista completa de detenidos; ha difundido información selectiva”.
El centro de detención migratoria Alcatraz de Caimanes es catalogado por políticos estadounidenses de derecha, afines a la visión de Trump, como “la prisión a la que son enviados todos los viciosos y trastornados”, de acuerdo con medios en ese país.
Lo anterior es una burla para familiares de los migrantes detenidos, que responden a esas declaraciones de manera contundente.
“Ni viciosos, ni trastornados, pero eso sí, algunos fueron desaparecidos días enteros hasta que supimos que estaban en el Alcatraz de Caimanes”, dijo Marie, de origen mexicano —quien prefirió reservar su identidad por temor—, comentó que su esposo hondureño está retenido en ese sitio y aseguró que llamar a los migrantes detenidos con calificativos de esa magnitud sólo incitan al odio y al escrutinio público.
“Por el momento no puedo decirte muchos datos, porque realmente a mí me da angustia que a mi esposo le hagan algo allá adentro de donde está. Le decía a mi hija que éstos son capaces de echarlos a los cocodrilos, ya todo se espera de esta gente, porque no han sido humanos con nuestra gente.
“Mi esposo trabajaba como gerente de un restaurante y era muy amable, muy querido; ahora me lo tienen encerrado y está adentro por nada; no tiene algún tipo de antecedente, salvo que el año pasado pisó raya cuando estaba por ir a trabajar”, dijo.
Mientras, muchos migrantes no aparecen en las listas de la prisión, aunque hayan ingresado a ese lugar, y no es reportado su estatus.
El litigante Javier Calzada, de la asociación Migrant Heroes, dijo que entre los detenidos acusados o condenados por delitos hay más de 250 personas que aparecen como infractores únicamente de normas migratorias, sin antecedentes penales en Estados Unidos.
“Esto ya es de dominio público, estos datos. La mayoría de las personas no tiene algún dato que atente contra sus entornos, sólo mucho odio desde el despacho oval.
“Los datos provienen de una lista de más de 700 personas que están detenidas bajo carpas y en celdas de malla metálica en el centro temporal de detención del estado en los Everglades de Florida, o que figuran programadas para ser enviadas allí”, dijo el activista.
Refirió que del total de detenidos en Alligator Alcatraz, solamente un tercio tiene condenas penales, con cargos que van desde intento de asesinato hasta reingreso ilegal e infracciones de tránsito.
Asimismo, algunos detenidos sólo tienen cargos pendientes y los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no revelan la naturaleza de los supuestos delitos.
Además, las más de 60 familias que han detectado irregularidades en los procesos de detención de sus familiares comenzaron a alzar la voz por estos hechos. Mencionaron que, entre otras cosas, el senador estatal demócrata Carlos Guillermo-Smith relató que los documentos muestran que los detenidos provienen de unos 40 países.
“Los originarios de México, Guatemala y Cuba representan aproximadamente la mitad de la lista. Las edades oscilan entre los 18 y los 73 años. Uno figura como ciudadano estadounidense.
“Los reporteros no pudieron localizar a su familia ni abogado, algunos de ellos están desesperados y sólo quienes estamos atentos a todo este infierno hemos podido ayudar a aquellos migrantes que hoy están encerrados y que no han podido contactar con su familia”, dijo la pariente de un preso migrante que prefirió no dar su nombre por miedo a represalias a su familiar.
Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) ha señalado violaciones a los derechos humanos, en este centro de reclusión, lo cual incluye negligencia médica, falta de acceso a defensa legal, uso excesivo de esposas, encierro en jaulas y detención de personas sin antecedentes penales.
El centro enfrenta dos demandas judiciales, una de ellas, por defensores de derechos migratorios encabezados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
Dan datos fiscales para cazar a ilegales
› Por Sergio Ramírez
En un esfuerzo por localizar a inmigrantes indocumentados como parte del endurecimiento de la política de Donald Trump, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), inició el proceso de compartir información confidencial de los contribuyentes de todo el país con las autoridades de inmigración.
Los registros incluyen nombres, direcciones y datos fiscales de inmigrantes, a petición del Gobierno de EU, que buscan la deportación de millones de personas que están ilegalmente en ese país.
Con esta información, el Departamento de Seguridad Nacional pretende localizar a personas que, según ellos, puede enfrentar órdenes de deportación y quienes estarían bajo investigación penal federal.
- El Dato: El jefe del IRS, Billy Long, fue destituido tras un conflicto con el DHS por la solicitud de datos de contribuyentes para identificar a migrantes, dijo The Washington Post.
La medida ha generado tensiones internas dentro del IRS, con algunos empleados de la agencia que cuestionan la legalidad de esta colaboración, lo cual ha llevado a la renuncia o salida de varios altos funcionarios desde principios de año.
Como parte de las medidas de Trump contra los indocumentados, a partir del 1 de agosto se emitieron las nuevas directrices por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU que facultan a esta agencia a iniciar los procedimientos de deportación de un solicitante de residencia permanente en cualquier momento del proceso y también si la petición es negada.
- 40 mil personas de las que el DHS pidió información por sospecha de que son ilegales
“Básicamente, el Gobierno está revisando todo el proceso migratorio para hacerlo lo más difícil posible que alguien pueda obtener la residencia. Entonces está haciendo algo que debería ser sencillo, complicado, más lento, más caro. Quitar opciones, quitar la elegibilidad en muchos casos de permiso de trabajo, etcétera. Y todo tiene un plan para que muchos ya no inmigren”, dijo a la agencia Spectrum News el abogado migrante Jaime Barrón.
En entrevista, el litigante explicó que esta política fue puesta en pausa por las administraciones de los presidentes Barack Obama y Joe Biden; sin embargo, la administración Trump la activó de nuevo.
La agencia de inmigración dijo en un comucado que según el manual de políticas del servicio en la materia, los inmigrantes y sus cónyuges o familiares que los patrocinan “deben saber que una petición basada en la familia no otorga estatus migratorio ni impide la deportación”.
Esta medida se suma a otras similares que se han puesto en marcha en los sistemas de seguridad social, en el de renta de viviendas y hasta en aplicaciones de envío de remesas.
