Un juez federal otorgó una suspensión provisional que frena temporalmente la captura del contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas.
La medida cautelar fue otorgada por el secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, José Alberto Rodríguez Rivera, quien estableció que Farías Laguna deberá pagar una garantía de 49 mil pesos y presentarse en un plazo de tres días hábiles ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La suspensión será revocada en caso de que el solicitante incumpla las condiciones, en cuyo caso la orden de aprehensión quedará libre de ejecutarse, utilizando la garantía como parte del proceso.
- 49 mil pesos de garantía tendrá que pagar el inculpado
“La medida cautelar concedida respecto de los actos reclamados, surte efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte promovente no cumple con comparecer físicamente ante la autoridad responsable dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación de este proveído”, señala.
Farías Laguna promovió el recurso legal el pasado 29 de agosto 10 días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó el expediente en el que lo señala como presunto líder de una red criminal que operaba en las aduanas navales y portuarias para introducir diésel de forma ilegal, con el fin de evadir impuestos, que permitió que 32 barcos ingresaran a México millones de litros de combustible procedente de Estados Unidos.
Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, fue detenido en días pasados con nueve implicados más, y fueron vinculados a proceso.
Mario Martínez Elizondo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez dictó la vinculación a proceso por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Asimismo, les ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa y concedió a las partes seis meses para la investigación complementaria.
FGR