Especialistas hicieron un llamado a las autoridades a que se eviten tragedias similares a la ocurrida en el Colegio Enrique Rébsamen, donde en 2017 murieron 26 personas, por lo que urgieron a realizar diagnósticos estructurales en planteles educativos, pues afirman que “al menos 30 por ciento de escuelas en el país presentan por mínimo un daño”.
Laura Álvarez, diputada local del PAN, dijo que recientemente presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades educativas y al Gobierno capitalino a evitar que una tragedia como el desplome del plantel ocurra de nuevo y planteó que esto sea extensivo a otros niveles legislativos para que tenga un alcance nacional.
Consideró que deben realizarse diagnósticos técnicos y estructurales de las escuelas que están en condiciones críticas, en especial donde el deterioro es patente, como el caso de la primaria “Mártires de Tacubaya”, en la alcaldía Miguel Hidalgo, que presenta graves afectaciones en su estructura.
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El ingeniero civil Carlos Pastrana dijo que desde su profesión ha sido testigo de tragedias relacionadas con la negligencia en estructuras, y que una simple revisión podría hacer la diferencia.
“El deterioro de los planteles educativos no es un problema nuevo. Desde hace más de dos décadas, organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han documentado la situación. En 2017, emitió una recomendación a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Gobierno capitalino tras constatar condiciones inadecuadas en al menos 29 escuelas públicas de la ciudad y también hay registro nacional con al menos unas 160 escuelas con daño de esta categoría.
“Niñas y niños no pueden ser víctimas de la negligencia de las autoridades, deben ser una prioridad. El Gobierno los deja al último porque no votan”, señaló.
El especialista en estructura recordó que el caso del colegio Rébsamen, situado en el cruce de Calzada de las Brujas y Rancho Tamboreo, alcaldía Tlalpan, era un edificio de cuatro niveles que albergaba a niñas y niños de nivel kínder, primaria y secundaria.
“El lugar se vio envuelto en la polémica, ya que en la parte superior se había construido una vivienda, y esto es algo muy común en escuelas particulares, donde los profesores, directores o demás, construyen, para ahorrar dinero, en lugares no aptos, cobrando vidas de inocentes”, dijo.
Ana Lilia Gutiérrez, madre de una menor fallecida en 2017, afirmó a medios que la justicia no estará presente hasta que se sancione a los servidores públicos responsables de las omisiones que permitieron la construcción ilegal, y se sumó al llamado a evitar una tragedia futura de esta índole.
Para los especialistas en estructura, este caso recuerda la importancia de la responsabilidad en la construcción y la necesidad de garantizar la seguridad en las instituciones educativas, y también hacen un llamado a los padres de familia a observar los planteles educativos donde sus hijos asisten cada día.