La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que se identificó a dos personas, presuntamente responsables de las falsas amenazas de bomba difundidas en días recientes en varios planteles de la máxima casa de estudios.
En una tarjeta informativa, la institución reportó que se llevan a cabo investigaciones derivadas de las denuncias que se presentaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y la Policía Cibernética (PC).
“Se ha identificado a dos personas presuntamente responsables de difundir las falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra integrantes de nuestra comunidad, a través de medios digitales. Ambas personas ya fueron citadas a declarar”, señaló el comunicado.
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La UNAM dijo que mantiene un compromiso con la seguridad de su comunidad y con el desarrollo de las actividades académicas, por lo que mantendrá la colaboración con las autoridades para evitar que se difunda información falsa, así como “mentiras y versiones malintencionadas que buscan generar alarma e interrumpir las labores académicas”.
En este contexto, lanzó un llamado a la comunidad universitaria a no compartir los mensajes que no hayan sido verificados como auténticos.
- El Dato: la facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) fue desalojada este martes, después de que un estudiante encontró una alerta de bomba en un baño.
La titular de la FGJ-CDMX, Bertha Alcalde Luján, informó que la dependencia ha recibido 18 denuncias relacionadas con las amenazas recientes contra la UNAM y que ya se tienen probables responsables identificados.
Estas amenazas se han enviado por medios electrónicos, como correos y mensajes de texto, advertencias sobre supuestos explosivos o posibles ataques armados en facultades y preparatorias de la universidad.
“Tenemos avances importantes; en algunos casos ya hay probables responsables identificados y se están emitiendo los citatorios correspondientes”, señaló Alcalde Luján.
La fiscal explicó que, conforme al Código Penal de la Ciudad de México, el delito de amenazas se sanciona con una pena que va de uno a tres años de prisión, aunque la institución analiza si puede configurarse algún otro delito para ampliar las imputaciones.
“Le estamos dando toda la seriedad a estos hechos”, subrayó, y también agradeció la cooperación de las autoridades universitarias en el avance de las investigaciones.
Este lunes, un juez de control giró una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton “N”, alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, a quien se le responsabiliza en los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas en contra de otro estudiante, Jesús Israel, y un empleado de dicho plantel.
El crimen ocurrió el pasado 22 de septiembre, día en el cual la UNAM entró en paro de manera diferenciada en casi todas sus escuelas, no sólo por el llamado a mayor seguridad en sus instalaciones, sino también ante las múltiples amenazas que recibieron los distintos planteles, en las que personas anónimas aseguraban que cometerían un ataque armado o advertían sobre artefactos explosivos dejados en las instalaciones.
La situación llevó a que la UNAM trazara un plan de mejora a sus mecanismos de vigilancia y reacción ante situaciones de seguridad, sobre los que se trabajarán en estas semanas.
El pasado lunes 6 de octubre tres amenazas de bomba interrumpieron el regreso a clases después de paros estudiantiles, motivados por una exigencia de seguridad por parte del alumnado.
En las primeras horas de la mañana, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) fueron desalojados después de que un estudiante encontrara un letrero pegado en el baño con la leyenda: “Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños”.
Situaciones similares ocurrieron a lo largo del día en la Escuela Nacional Preparatoria 6 y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
En los tres casos, Protección Civil y Bomberos iniciaron revisiones al plantel, con el objetivo de descartar amenazas. En los tres casos, se trató de falsas alarmas.
La Universidad ha prometido intensificar medidas de seguridad contra quienes difundan estas amenazas, en medio de un contexto tenso por creciente violencia en los planteles.
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