Nos comentan que el momento histórico que vive la Suprema Corte de Justicia de la Nación no termina de hacer eco en la autoproclamada ministra del pueblo, Lenia Batres, quien tuvo que admitir ante un grupo de personas con discapacidad, que sus planteamientos no eran necesariamente en beneficio de ese sector de la población. Nos explican que la togada quería abandonar un criterio que garantizaba que el máximo tribunal podía invalidar leyes si éstas no se sometían a consulta de las personas con discapacidad. De acuerdo con la propuesta de Batres, las comisiones de derechos humanos y otros actores legitimados sobre discapacidad sólo podrían impugnar leyes a solicitud de personas con discapacidad, quienes además deberían reunir firmas para que su voz sea escuchada, una condición que, a decir de varios afectados que cuestionaron a la ministra, les impondría la carga de tener que vigilar todas y cada una de las leyes que emitan los congresos. ¿No podía ser más empática? Al final, dicen, tuvo que serlo, pues al rechazo de los colectivos se sumó el de sus compañeros, los ministros Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero.
