Empleados del Poder Judicial de la Federación, pertenecientes al Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, paralizaron este viernes las actividades en sedes de Ciudad de México y en al menos ocho estados más, como protesta ante la falta de insumos básicos para llevar a cabo sus labores.
Aproximadamente 22 mil trabajadores realizaron una jornada de brazos caídos y desde las primeras horas colocaron candados a las puertas en sedes como el Palacio de Justicia de San Lázaro, el edificio Prisma, así como en avenida Periférico 1950, Las Flores 2321 y el Órgano de Administración Judicial, en la capital del país, donde se reanudaron actividades entre las 10 y las 11 de la mañana.
- 16 inmuebles en el país fueron cerrados, cerca del 5.3 por ciento del total del PJF
Asimismo, en Xalapa, Veracruz; Chihuahua, Querétaro, Tampico, Tamaulipas; La Paz, Baja California Sur; Villahermosa, Tabasco; Aguascalientes, Chilpancingo, Guerrero; se mantuvo el paro durante el día.
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Los trabajadores argumentaron la falta de papelería, impresoras y hasta agua para beber, además del incumplimiento del aumento salarial anual al que, argumentaron, tienen derecho.
“No hay impresoras, no hay papelería. En algunos estados ni siquiera hay agua para tomar. Hemos nosotros incluso cooperado en algunos estados para poner garrafones de agua para tener los insumos”, señaló un trabajador que rechazó dar su nombre.
En entrevista con La Razón, Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato, la situación se agravó tras la transición administrativa en el Poder Judicial. Según el sindicato, las licitaciones y contratos con proveedores se suspendieron, dejando a los órganos jurisdiccionales sin herramientas básicas para operar.
Un caso emblemático, explicó, es el de Tamaulipas, donde hace dos meses sólo funcionaban dos impresoras en todo el edificio judicial. “Se la estaban rolando. Los mismos trabajadores armaban una que ya se había descompuesto para que funcionara. Se estaba notificando incluso a las autoridades por medio de WhatsApp, imagínate. Es una situación que no puede suceder”, relató.
Además de las carencias materiales, los trabajadores reclaman el aumento salarial anual correspondiente a la inflación, que debió otorgarse desde enero y que tampoco se ha pagado de forma retroactiva.
“Se supone que desde enero tendría que haber venido un aumento salarial, un incremento que es anual y que ya es por motivo de la inflación. Eso es algo que es de manera natural. No es un aumento que la base trabajadora pida, pero es un aumento que por razón de la inflación siempre se da a todas las instituciones”, explicó.
Al respecto, el Órgano de Administración Judicial señaló que los cierres no afectaron la operatividad.
“Un grupo de personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación decidieron cerrar 16 inmuebles en distintas ciudades del país, que representan aproximadamente el 5.3 por ciento de la totalidad de edificios. Los trabajos en órganos jurisdiccionales y oficinas administrativas continuaron en el 95 por ciento de las sedes en el país”.
