Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, deberá esperar unos días más para saber si se le concede o no la libertad anticipada que solicitó su defensa, luego de que una jueza federal en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte aplazara la determinación para el próximo 19 de noviembre.
- EL DATO: LA LEY NACIONAL de Ejecución Penal para la libertad anticipada requiere cumplir más de la mitad de la pena, buena conducta, la re paración y no ser un riesgo para la sociedad.
Así lo confirmó Pablo Campuzano, abogado del exmandatario, luego de salir de la audiencia que originalmente se llevaría a cabo este miércoles, pero que se adelantó para ayer martes, la cual duró más de nueve horas.
La defensa de Duarte de Ochoa detalló que la jueza Ángela Zamorano Herrera determinó aplazar el fallo debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) argumentara que había seis testigos clave por declarar en el caso, que en ese momento no se encontraban disponibles.
“La Fiscalía no logró tener sus testigos presentes, por eso dieron otra fecha, para ver si se presentan o nos quedamos con los nuestros y la jueza considera este beneficio”, informó el abogado, que en días pasados acreditó que su cliente había cumplido la mayor parte de la pena que se le impuso en 2018.
“Los requisitos son que cumpla el plan de actividades, haber cumplido el 70 por ciento, tener buena conducta, no representar riesgo para víctimas, no tener una sentencia previa, entre otros” señaló.
Durante la audiencia, la FGR realizó señalamientos en torno a que Javier Duarte había mantenido privilegios durante su reclusión, como son el uso de celular, pago de celda e incluso contar con una pluma con cámara de video integrada para grabar al interior, así como latas de alcohol, motivo por el que podría negársele el beneficio de la libertad anticipada.
Campuzano rechazó dichos señalamientos al argumentar que se trataba de latas de alcohol sólido que se utilizan para calentar alimentos y no eran suyas.
El caso representa uno de los escándalos de corrupción más emblemáticos en la historia reciente de México. Las investigaciones revelaron que durante su gestión como gobernador, entre 2010 y 2016, se desviaron más de 73 mil millones de pesos del erario estatal, una cifra sin precedentes para una administración local.
El esquema operaba con una red de, al menos, 73 empresas fantasma que recibieron contratos por 645 millones de pesos para supuestas obras y apoyos sociales que nunca se materializaron.
Los recursos malversados provenían de fondos destinados a salud, educación, seguridad pública, obras de infraestructura, asistencia social y atención de desastres naturales.
El gobierno de Duarte de Ochoa también fue señalado por denuncias particularmente sensibles, que incluyen el escándalo de las falsas quimioterapias para niños con cáncer y el manejo irregular de recursos en el sector salud.
El exmandatario estatal fue condenado en 2018, mediante un procedimiento abreviado, a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que el delito de delincuencia organizada —del que originalmente había sido señalado— fuera reclasificado a esta figura jurídica menos grave, que amerita una pena mucho menor, tras las investigaciones por el presunto desvío multimillonario de recursos en su administración.
- 73 Mil millones de pesos del erario se acusa que desvió
La organización Tojil, dedicada al combate de la corrupción e impunidad, denunció que este cambio en la tipificación del delito constituyó un nuevo acto de corrupción, pues la condena reducida se obtuvo de manera ilegal con el fin de evadir el juicio y una sanción mayor.
La sentencia final fue de apenas nueve años de prisión y una multa de 58 mil pesos, sin reparación del daño ni esclarecimiento completo de los hechos en un juicio público.
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cehr
