El impacto económico de la violencia en Michoacán se disparó 39 por ciento entre 2015 y 2024, al escalar de 120 mil millones a 167 mil millones de pesos, según reveló el Índice de Paz México 2025.
El análisis elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) contabiliza en esta valoración los gastos en seguridad pública y privada, las pérdidas por homicidios, los costos del sistema penitenciario, los daños materiales y la productividad perdida por la violencia.
- El Dato: Zamora y Uruapan se ubica en la posición 5 y 18 dentro de los municipios con las tasas de homicidio más altas a nivel federal, con 178 y 189 casos, respectivamente.
La crisis alcanzó su punto más crítico en 2021, cuando el costo llegó a 232 mil millones de pesos. Aunque la cifra ha descendido desde entonces, permanece lo suficientemente elevada como para constituir un freno estructural al desarrollo económico, la captación de inversiones y la creación de empleos en la entidad.
Para dimensionar el problema: cada michoacano absorbe, sin saberlo, un costo anual de 33 mil 673 pesos derivado de la violencia que azota al estado.
En este contexto, Guillermo Garduño, especialista en seguridad, explicó que Michoacán vive una contradicción económica alarmante: a pesar de poseer ventajas competitivas como su riqueza en recursos naturales y posición geográfica estratégica, los altos niveles de violencia criminal y el clima de inseguridad imperante funcionan como un obstáculo que anula estas fortalezas y ahuyenta las oportunidades de inversión.
- 33 mil pesos absorbe cada michoacano derivado de la violencia
“Las empresas, especialmente aquellas dedicadas al transporte y distribución de productos como limón y aguacate, enfrentan la necesidad de rediseñar completamente sus corredores comerciales. Esta reconfiguración forzada no responde a criterios de eficiencia o estrategia de mercado, sino a la búsqueda urgente de rutas más seguras que minimicen los riesgos de asalto, robo de mercancía o extorsión”, señala el experto.
Esta situación genera “un efecto dominó devastador en la estructura de costos empresariales”: las nuevas rutas suelen ser más extensas, incrementando el consumo de combustible y los tiempos de entrega; se requiere contratar seguros con primas cada vez más elevadas; es necesario invertir en tecnología de rastreo satelital y escoltas privadas; y, en muchos casos, se pierden mercados completos que resultan inaccesibles por la inseguridad.
Todo ello erosiona los márgenes de rentabilidad. “Las empresas entran en un modo de supervivencia más que de crecimiento”, advierte Garduño, lo que limita severamente su capacidad para competir en los mercados y, en consecuencia, su potencial para generar empleos de calidad y contribuir al desarrollo económico regional.
Municipios como Zamora, Uruapan y Aguililla, además de la creciente ola de violencia que afecta al oriente y centro del estado, incluida la capital Morelia, se mantienen como focos rojos debido a la presencia de cárteles que disputan el control del territorio.
La crisis alcanzó un punto crítico con el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo, hechos que generaron indignación y protestas a nivel nacional.
El elevado costo económico tiene su raíz en indicadores de violencia que colocan a Michoacán en una posición crítica a nivel nacional. El estado ocupa el lugar 19 entre las 32 entidades menos pacíficas del país, con una calificación de 2.934 puntos que, aunque representa una mejora de 2.8 por ciento respecto al año anterior (3.019 puntos), aún supera ligeramente el promedio nacional de 2.938 puntos.
Para el especialista, las repercusiones económicas de la violencia trascienden los números oficiales.
“El fracaso sistemático de las estrategias de seguridad, que por años se han aplicado en la entidad, obedece a múltiples causas: cooptación de las instituciones y control territorial criminal, donde organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan como poderes fácticos que establecen sus propias reglas y concentran capacidad de coerción”, afirma.
A ello, señala, se suman presupuestos insuficientes y degradación de las corporaciones policiales, además de un sector agrícola sometido a cobro de piso generalizado que, asegura, puede consumir hasta 40 por ciento de las ganancias.
Otro aspecto es el indicador de delitos cometidos con armas de fuego, donde Michoacán obtuvo una calificación de 3.607, la cuarta peor a nivel nacional y muy por encima del promedio del país (2.722). Esta situación refleja la persistente presencia de grupos armados y la violencia relacionada con la delincuencia organizada que ha caracterizado al estado durante años.
En 2024, la entidad registró mil 632 homicidios dolosos, cifra que, aunque representa un descenso respecto al máximo histórico de dos mil 696 en 2021, todavía duplica las cifras del sexenio de Felipe Calderón.
Guillermo Garduño concluye que el estado requiere no sólo mayor inversión en seguridad sino un cambio estructural que reconstruya las instituciones, recupere el tejido social y devuelva la confianza necesaria para que las ventajas naturales de Michoacán se traduzcan en desarrollo y bienestar para su población.
Mandos locales, más expuestos a asesinatos
Por Yulia Bonilla
Entre 2018 y 2024, los homicidios por razones políticas se dirigieron principalmente contra figuras o personal gubernamental que operaban en el ámbito municipal.
De acuerdo con datos del Índice de Paz 2025 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), de los 785 asesinatos registrados entre 2018 y 2024 por motivos políticos, 628 corresponden a figuras de nivel municipal, es decir, el 80 por ciento de los casos. En segundo lugar, los ataques contra figuras del ámbito estatal fueron 121 casos, que corresponden a 15 por ciento de los eventos, y en tercer lugar, 36 homicidios políticos se registraron en el ámbito federal, con 4.5 por ciento de los crímenes.
- El Dato: El sexenio más mortífero para los ediles fue el de Enrique Peña, con 42 casos; Felipe Calderón, con 37; López Obrador, con 26, y Sheinbaum, con 10 hasta la fecha.
El informe advierte que una de las principales raíces de estos asesinatos está en la disputa que mantienen los cárteles para mantener el control sobre los territorios.
“En 2024, los funcionarios en activo y exfuncionarios del poder ejecutivo —como presidentes municipales, gobernadores y miembros de gabinete—, así como sus familiares, fueron el grupo más comúnmente registrado como víctimas, representando el 46 por ciento del total”, advierte el informe.
En conferencia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que no se descarta que el reciente asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, haya tenido motivaciones políticas, aunque la principal línea de investigación apunta a la delincuencia organizada.
- El Tip: Michoacán es uno de los estados más letales para los alcaldes; en 20 años, 18 ediles en funciones han sido asesinados.
También precisó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si atraerá el caso o no, lo cual se dará a conocer después de una valoración, que se llevará a cabo esta semana.
En conferencia, el secretario de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, negó que el protocolo de seguridad que se brindó a Carlos Manzo fallara.
El general apuntó que si el edil hubiera aceptado que fueran los elementos de la Guardia Nacional (GN) quienes se encargaran de su seguridad inmediata —que al momento del crimen estaba en manos de policías municipales— entonces habría estado reforzado, debido a que los agentes cuentan con capacitación específica para el resguardo de los funcionarios.
También detalló que en el blindaje de funcionarios con protección federal hay 450 elementos de la GN asignados a 70 equipos de escoltas.
Precisó que en días recientes no se han presentado más solicitudes de protección personal, sin embargo, aseguró que las peticiones que lleguen serán atendidas.
Recordó que los casos que escalan al ámbito federal son sometidos a un análisis para valorar el nivel de riesgo que existe para el solicitante y, con base en eso, se decide qué protección otorgar.
“No se han recibido en los últimos días una gran cantidad de solicitudes y demás, pero estamos atentos. Ya se mencionó cuál es el procedimiento: existe una solicitud, se lleva a cabo un análisis de riesgos, la SSPC da su opinión, se establece el nivel de riesgo y se proporciona el servicio. Pero hasta el momento son 70 escoltas asignadas, estamos hablando de más de 450 elementos destinados a realizar este servicio”, detalló.
A partir de lo ocurrido, mencionó que buscarán que los servidores a los que se les asigna la protección federal se apeguen a los protocolos establecidos.
“¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de problemas”, dijo.
Al abordar la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo, el general hizo hincapié en que habrá una coordinación permanente con los mandos territoriales de los estados con los que colinda esta entidad.
Explicó que, debido a que el plan implica trasladarse de un marco territorial a otro, se establecerán mandos específicos que puedan instruir que los elementos se trasladen de un punto a otro, sin importar que se trate de un estado a otro.
Esto implicará también la instalación de filtros carreteros militares con puestos de control, insumos tecnológicos y el apoyo de binomios caninos.
Trevilla señaló que, como parte de la estrategia para evitar el desplazamiento delincuencial, se coordinan con las autoridades de las entidades colindantes.
“Van a buscar todos inteligencia, va a haber una coordinación muy importante para implementar operaciones coincidentes. Si bien, ese es un problema al que siempre nos hemos enfrentado por las jurisdicciones; los delincuentes no tienen jurisdicción, ellos se pasan libremente de un estado a otro. Hemos establecido un procedimiento, se llama ‘mandos especiales’. Es decir, en esa área se le da el mando a un Comandante y él puede emplear las tropas de un mando territorial y de otro”, dijo.
