El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, negó la petición del senador Gerardo Fernández Noroña de excluir al PAN de ese órgano de decisión, así como de la mesa directiva, argumentando que la legislación vigente garantiza la representación de todos los grupos parlamentarios sin excepción.
La controversia surge tras acusaciones de Noroña contra legisladores panistas por presuntamente “injuriar” y “reventar” sesiones legislativas, en medio de un clima de tensión que amenaza con paralizar la agenda del Senado.
“Es imposible cumplir afirmativamente su petición por una simple razón: la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado establecen claramente la representación plural”, explicó López Hernández, quien adelantó que responderá formalmente por escrito al legislador petista.
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El presidente de la Jucopo deslindó responsabilidades sobre el comportamiento de los senadores panistas y responsabilizó a los coordinadores de cada bancada.
“No puedo responder por el actuar de otros grupos parlamentarios. A mí me corresponde mantener la relación política entre todos y la conducción general del Senado”, señaló.
En otro tema, López Hernández confirmó que la minuta de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión está siendo modificada antes de su votación. Las comisiones dictaminadoras trabajan en elevar las penas de prisión, que actualmente contemplan de cinco a 10 años, hasta un rango de 10 a 15 años de cárcel.
“Hay cambios de forma y de fondo. La penalidad es el corazón del dictamen”, aseguró el senador, quien detalló que también se analiza equiparar las sanciones para servidores públicos que por omisión faciliten el delito, así como impulsar fiscalías especializadas en todo el país para sustituir a las unidades antisecuestro.
Ante la reciente suspensión de 13 casinos por parte del gobierno federal, López Hernández rechazó categóricamente haber otorgado permisos durante su gestión como secretario de Gobernación.
“El presidente López Obrador decidió desde el inicio que no habría permisos nuevos. No hubo uno solo en la gestión de Olga Sánchez Cordero, ni en la mía”, subrayó, y agregó que el último permiso data de la administración de Enrique Peña Nieto.
El legislador también se deslindó de cualquier vínculo cercano con el empresario Juan Pablo Vega Arriaga, acusado de ilícitos fiscales, afirmando que solo mantiene una relación protocolar. “Lo conozco, como conozco a muchos empresarios. No soy su socio ni tengo relación cercana”.
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MSL
