En el marco de las audiencias públicas sobre la iniciativa presidencial para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento instaló tres grupos de trabajo regionales.
El objetivo central es analizar el “régimen de concesiones”, incluyendo a los concesionarios, los volúmenes asignados, la distribución del recurso, los usos autorizados y las descargas vinculadas.
Los grupos se organizaron por zonas: centro, sur y norte, con la participación de especialistas industriales, académicos y representantes agropecuarios, quienes expusieron necesidades y propuestas para fortalecer el diseño de la nueva legislación.
La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena), secretaria de la Comisión y coordinadora del grupo de la zona centro (que abarca estados como Aguascalientes, CDMX, Jalisco, Puebla y Estado de México) destacó que todas las sugerencias serán sistematizadas y enviadas a la Comisión para la discusión final de la ley.
Entre las intervenciones, Christopher Ávila Mier, de Concamin, insistió en que la normativa debe asegurar la reasignación de volúmenes recuperados y fomentar el reúso de aguas residuales en la industria. En la misma línea, Rosa María Sánchez Maldonado, de CANIPEC, pidió priorizar el derecho humano al agua y reconocer procesos productivos eficientes.
El sector agropecuario, representado por Luis Fernando Haro Encinas, subrayó que el 76% del recurso hídrico se destina a la producción de alimentos. Por ello, solicitó incentivos y un régimen de concesiones con visión técnica y responsabilidad social.
La académica Judith Domínguez Serrano, del Colmex, propuso que sean las legislaciones estatales las que regulen el reúso de aguas tratadas, mientras que el exdirector de Conagua, José Luis Luege Tamargo, advirtió que centralizar permisos reduciría eficiencia y transparencia.
En la zona sur, el diputado Gabriel García Hernández afirmó que el análisis técnico busca fortalecer la iniciativa presidencial. En la zona norte, la diputada Martha Olivia García Vidaña recordó que la región enfrenta estrés hídrico, sobreexplotación de acuíferos y alta demanda agrícola e industrial, lo que exige una ley con certeza jurídica.
Entre las propuestas destacaron: ampliar los plazos para prórrogas de concesiones, mantener facultades de los organismos de cuenca, evitar la negativa ficta, considerar pozos ganaderos de prioridad social y permitir la transmisión de derechos del agua a familiares directos o personas morales. También se planteó que los volúmenes concesionados dependan de la disponibilidad real de cada acuífero.
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LMCT