La jueza federal Angela Zamorano negó este viernes la libertad anticipada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien permanecerá en prisión para completar su condena de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, lo cual concluirá en abril de 2026.
A cinco meses de cumplir su castigo, la defensa de Duarte solicitó el beneficio de la libertad anticipada, bajo el argumento de buena conducta y de haber cumplido con la mayor parte de su sentencia.
La razón por la que se negó el beneficio de libertad anticipada al exgobernador radica en un proceso penal abierto en su contra por el delito de desaparición forzada en Veracruz.
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- El Dato: Al término de la audiencia, el abogado Pablo Campuzano dijo que apelarán la decisión de la jueza. Comentó que al finalizar la diligencia, su cliente no le hizo ningún comentario.
En sus argumentos, la jueza indicó que no importa la modalidad por la que Duarte está vinculado a proceso de desaparición forzada, que fue por obstaculizar una investigación, pues este delito merece prisión preventiva oficiosa, lo que impide darle el beneficio de libertad anticipada.
“Tomando una decisión libre y lógica, se puede verificar que cada una de las exigencias de la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentran colmadas”, indicó.
Añadió que, en el caso de desaparición forzada, aunque la defensa de Duarte consiguió una resolución que cancela el proceso, la misma está impugnada por la Fiscalía de Veracruz. “No colma este requisito, pues el sobreseimiento no se encuentra firme debido a que la Fiscalía hizo una apelación”, apuntó.
Además, la defensa de Duarte no logró acreditar que haya cumplido con el plan de actividades del Reclusorio Norte, que tiene que ver con actividades deportivas, culturales y educativas.
La Fiscalía General de la República (FGR), que presentó argumentos para evitar que Javier Duarte dejara la cárcel, argumentó que permitir este beneficio al exgobernador sería una afrenta para la justicia mexicana.
El caso de Javier Duarte y su posible salida de prisión puso en relieve que, si bien su sentencia está por cumplirse, hay al menos una veintena de funcionarios ligados a él y vinculados al desvío de unos 62 mil millones de pesos que permanecen prófugos, amparados o en libertad.
Los operadores del mayor desfalco estatal documentado en México lograron evadir la justicia mediante un entramado de amparos, reclasificaciones penales y fallas en la persecución del delito.
Además de los 62 mil millones de pesos desviados, hay 71 denuncias penales presentadas y cero pesos recuperados para el erario de Veracruz.
Los recursos federales desviados que debían destinarse a hospitales, escuelas, seguridad pública y programas sociales terminaron en cuentas bancarias, empresas fantasma y propiedades de lujo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó el caso como el mayor acto de corrupción en un gobierno estatal. Pero mientras las cifras del saqueo son monumentales, las consecuencias han sido mínimas: sentencias revocadas, órdenes de aprehensión anuladas, extradiciones congeladas y una reparación del daño nulo.
Entre los personajes ligados a Duarte destaca el caso de su esposa, Karime Macías, quien lleva ocho años en Reino Unido eludiendo la extradición, tras un procedimiento legal que podría extenderse “una cantidad significativa de meses” más, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores en septiembre de 2024.
