Entre enero y octubre de este año, 233 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de extorsiones, uno de los únicos delitos de alto impacto que no han cedido en general, a nivel nacional, como sí lo han hecho los homicidios, según los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con los datos oficiales, la incidencia de este delito en menores de edad ha crecido 42.9 por ciento en el último lustro, al pasar de 163 casos de enero a octubre del 2020 a 233 del mismo periodo de este año.
- El Dato: El Código Penal Federal tipifica la extorsión con penas de dos a ocho años de cárcel, y la sanción se eleva cuando se realiza por asociación delictuosa o algún servidor público.
Los datos de la incidencia delictiva del fuero común revelan que las personas de cero a 17 años en el país han sido más afectadas por las extorsiones que por raptos, secuestros y tráfico de menores. Las extorsiones representan el octavo delito de mayor incidencia entre los menores.
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En julio pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general de tipo penal que combata a ese ilícito en todo el país.
De acuerdo con el proyecto de ley, que se aprobó en días recientes en el Senado de la República, se contemplan, entre otros agravantes, que las extorsiones contra menores de edad se castiguen con penas de hasta 25 años de prisión.
En vísperas de que la Cámara de Diputados reciba la minuta para continuar el trámite constitucional y eventualmente se promulgue la ley si ambas cámaras le dan su aval, la diputada Claudia Rivera Vivanco, de Morena, dijo que una de las virtudes de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión es que sí están integrados todas y todos los mexicanos de todas las edades y de todos los grupos sociales y étnicos, ya que se ha observado que hay muchas dinámicas para extorsionar, en particular a niñas, niños y adolescentes.
“Tiene que ver también en gran medida con el uso de dispositivos o el alcance a dispositivos tecnológicos, como los celulares, tabletas, computadoras, y que por vía correo o llamada telefónica o mensajes estén recibiendo ese tipo de amenazas, Incluso, en algunas redes sociales se han logrado identificar redes de extorsión”, expuso.
La legisladora explicó que la extorsión entre menores se da con mensajes “donde les dicen: recibiste un premio, danos tu información, y después son intimidados; esa es una de las conductas que mayor crecimiento ha tenido”.
La diputada poblana señaló que tanto a legisladores como a la sociedad en general debe interesarnos que, ante el cambio generacional y la innovación digital y tecnológica, “se puede estar ante una amenaza real de extorsión, pero lo importante es que tengamos mecanismos que nos permitan prevenir y reaccionar. Y en esta parte de la reacción, dijo, es importante “hacer mucho más dirigidas las estrategias de seguridad, sobre todo en la parte preventiva, para evitar este tipo de delito” contra menores.
Rivera Vivanco comentó que el objetivo de la nueva ley es dejar un mensaje muy claro: “que va a haber una mayor protección del Estado a sus niñas, niños y adolescentes, pero que, en términos generales, vamos a estar vigilando y combatiendo todo tipo de extorsión”.
Carlos Mancilla, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció que, aunque la reciente legislación contra el delito de extorsión protege a niñas y niños en términos generales, “desgraciadamente hay cosas que no podemos resolver desde aquí”, ya que el país está viviendo una crisis desbordada de inseguridad y “el tema de la extorsión está muy ligado a las desapariciones, asesinatos y demás en las infancias”, por lo que se requiere una ampliación jurídica de lo que se planteó ahora.
“Es muy grave la extorsión y lo es más cometerla con los menores, pero también hay un tema muy importante: la principal causa de muerte de jóvenes en México son los asesinatos; no podemos normalizar ningún delito en agravante a los niños de este país”, comentó.
Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, consideró que el aumento de casos de extorsión contra menores debe partir y entenderse desde que es un tema estructural, ya que la inseguridad está directamente vinculada con la dificultad que tiene el Estado mexicano y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad y la propiedad de todas y todos quienes habitan el territorio.
“De tal manera que la extorsión es sólo uno de los crímenes que se están dando en contra de niños, niñas y adolescentes o, diríamos, es un delito más que se agrega a la larga lista de delitos en los cuales ellos son víctimas: violencia familiar, violencia comunitaria, acoso escolar y, por supuesto, los temas más graves: desaparición, reclutamiento (por parte del crimen organizado), homicidios. Y, bueno, si agregamos otras violencias de carácter estructural por pobreza, pues agregaríamos también trabajo infantil, violencia sexual en casas y demás”, opinó.
Para Pérez García, el delito de extorsión contra menores se comete principalmente con hijos e hijas de personas comerciantes, particularmente de comercio ambulante, que tienen menos condiciones de protección. Además, dijo, en algunas escuelas también se está dando, casi siempre en colegios privados, pero también en comunidades altamente precarizadas.
“Y la extorsión es más bien el acto de poder que de la cantidad”, ya que niñas, niños y adolescentes pueden ser extorsionados por 50 pesos porque ellos, en general, no tienen dinero. “Y, en muchas ocasiones, la extorsión es una forma de coacción para volverlos informantes. Hay un vínculo muy estrecho de la extorsión, que puede ir escalando hacia otro tipo de delitos”, refirió.
