Uno de los trabajos peor remunerados en el país tiene que ver con una de las actividades más importantes para el sostenimiento humano, la alimentación. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), las personas trabajadoras en actividades agrícolas en México reciben dos mil 780 pesos mensuales en promedio, al corte del primer trimestre de 2025.
Esta cifra incluso es inferior a la de los dos periodos anteriores: en el cuarto trimestre de 2024, los ingresos mensuales de quienes se dedican al campo fueron de dos mil 860 pesos y en el tercer trimestre de ese mismo año fueron de tres mil 180 pesos mensuales.
- El Dato: Salvador Ruiz, un campesino jalisciense, denunció que “nos pagan de cuatro a cinco pesos el kilo de maíz, cuando el de tortilla está entre 25 y 30 pesos”.
Las condiciones de los jornaleros a nivel nacional se vuelven todavía más críticas cuando la mayoría de ellos trabaja desde la informalidad, lo que les priva de seguridad social, entre otras prestaciones básicas.
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De acuerdo con la misma encuesta, 83.3 por ciento de los 2.75 millones de trabajadores en actividades agrícolas en el país no cuenta con una plaza formal. Este porcentaje también se ha elevado en el último año, desde el 78.9 por ciento que trabajaba de manera informal en el primer trimestre de 2024.
En este sentido, Velederrain contextualiza que, si bien en Chihuahua un jornalero puede llegar a ganar alrededor de mil 500 pesos a la semana, en otras regiones del país las condiciones son significativamente peores. Su declaración resume la agonía del sector: “¿Cómo te va a pagar más (al trabajador) si ni siquiera estás viendo cómo pagar el sueldo de la semana?”. Esta lucha por la supervivencia económica no se libra sólo en el mercado interno.
Señaló que la crisis tiene su origen, también, en condiciones desiguales derivadas del tratado de libre comercio, el cual, lejos de beneficiar al campo nacional, lo ha impactado de forma severa. “Terminamos importando productos más baratos que son de menor calidad... las empresas transnacionales sacrifican la calidad por el precio y terminan derrotando a los agricultores”, denunció.
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De la misma forma, explicó que la precarización del trabajo de campo ha traído consigo una severa crisis de mano de obra, pues ante los bajos salarios, los trabajadores ya no ven como una opción viable dedicarse al trabajo agrícola.
“Hay una escasez tremenda en el campo de mano de obra; es uno de los problemas que se ha venido dando desde hace muchos años para acá que (...) no, no se les puede pagar más”, explicó.
Aseguró que este descontento también surge de la propuesta de la nueva ley de aguas. Velederrain aseveró que, si bien la legislación actual necesita una actualización después de 33 años, este proceso requiere un profundo diálogo entre todas las partes. “No puede ser un sólo lado”, sentenció, al criticar que no se han escuchado directamente a los afectados.
- 50 Mil pesos se invierten en cada hectárea de cultivo
Por su parte, Álvaro López Ríos, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Guanajuato, en entrevista con La Razón, criticó abiertamente el actuar del Gobierno federal. Afirmó que los funcionarios “fingen y simulan dialogar”, generando lo que él denomina “mesas de entretenimiento y dilatación”, espacios que simulan negociación, pero que en la práctica sólo sirven para postergar la solución a las demandas urgentes del campo.
Para el líder agrícola, el colapso del campo no es un evento fortuito, sino la consecuencia de causas claras e históricas: el Tratado de Libre Comercio, que convirtió al país en un “importador de granos”, y el abandono perpetuo por parte de los gobiernos, “incluido el actual”.
López Ríos detalló con crudeza la inviabilidad económica de la pequeña producción: se requiere una inversión de 50 mil pesos por hectárea de maíz para obtener una utilidad de apenas 10 mil pesos tras seis meses de trabajo. “Es muy complicado”, afirmó, evidenciando la imposibilidad de sostener un negocio con márgenes de ganancia tan exiguos.
Apuntó que existe un comercio desleal que fractura cualquier posibilidad de competencia, ya que los productores de los países socios reciben subsidios de los que carecen los mexicanos. Esta desventaja se ve agravada por la política del gobierno actual, que eliminó los apoyos al fomento productivo y redujo el presupuesto destinado al campo. A este escenario se suman factores externos como el encarecimiento global de los fertilizantes, exacerbado por la guerra en Ucrania, y una sequía de tres años que ha golpeado sin piedad a los cultivos.
“Estamos sometidos a una competencia desleal con los americanos, pues eso ha significado nuestra ruina (...) No hay políticas públicas que atiendan las particulares particularidades de las ramas productivas”, reprochó.
Ambos testimonios coincidieron en que la crisis del campo mexicano es resultado de diferentes factores que repercuten directamente en el bolsillo de los productores y trabajadores, quienes explican que se enfrentan a condiciones de precarización resultado de la desatención de múltiples aspectos. Pues insisten en que la solución exige una política de Estado integral, más allá de la asistencia, pues dicen: “De esto depende la soberanía alimentaria y la dignidad de millones”.
