La Presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó en contra de la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabra asuntos que ya cuentan con sentencia firme, concepto conocido como “cosa juzgada”, al considerar que “lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado”.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, al ser cuestionada al respecto, la mandataria federal subrayó que hay muchos temas que están pendientes de ser analizados por la Corte.
“Obviamente ellos son autónomos y tienen, pueden decidir con autonomía. No estamos interviniendo en las decisiones de la Corte. Ya que lo preguntas, aprovecho para dar mi opinión. Yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado y que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte”, expresó.
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Lo anterior, luego de que los ministros debatieran el miércoles si es posible que el máximo tribunal reabra asuntos a pesar de que ya exista sentencia firme.
El caso que dio origen al debate fue el amparo directo en revisión 6585/2023, cuyo proyecto de resolución establecía la improcedencia de una acción de nulidad de juicio concluido, regulada en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México aplicado porque el Código de Comercio no contempla este tipo de procesos.
Los ministros Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Hugo Aguilar e Irving Espinoza se pronunciaron a favor de un criterio para revisar asuntos que ya tienen sentencias definitivas, lo que podría modificar el principio conocido como “cosa juzgada”, que establece el final de los procesos judiciales.
“Esta Corte debería tener sí, por supuesto, resguardadísimo, de absoluta excepcionalidad, pero debería tener algún tipo de recurso para nulificar este tipo de sentencias ajenas a la ley, ajenas a la justicia”, dijo Batres.
Se debatió la posibilidad de aplicar la nulidad de juicio concluido en un asunto mercantil, aunque de fondo cada integrante del máximo tribunal se pronunció sobre la posibilidad de revisar casos que ya fueron definidos por el Poder Judicial Federal, hasta sus últimas etapas.
Mientras que la ministra Yasmín Esquivel se opuso a la iniciativa y expuso que reabrir asuntos ya juzgados sería un mal precedente y vulneraría los principios de legalidad y certeza.
Advirtió que abrir la posibilidad de la nulidad de juicio concluido podría permitir la revisión de los cerca de 1.5 millones de amparos que resuelve el Poder Judicial Federal anualmente, lo cual acabaría con la certeza jurídica y la paz social, además de que haría interminables los procesos. A su postura se sumaron María Estela Ríos, Aristides Guerrero y Giovanni Figueroa.
Por la tarde, el máximo tribunal respondió en un comunicado, en el que dijo que la cosa juzgada “es un principio esencial en el que se sustenta el derecho a la seguridad jurídica. Esto garantiza que lo resuelto en una sentencia firme sea definitivo e inmutable (que) nunca ha sido objeto de cuestionamientos ni ha estado en duda su garantía”.
Sin embargo, aclaró que en nuestro sistema legal, se prevé la figura de “acción de nulidad de juicio concluido”, la cual procede, entre otros supuestos, cuando exista colusión o maniobras fraudulentas de las partes litigantes en perjuicio de la parte promovente de dicha acción.
“La figura no atenta contra la cosa juzgada y está prevista en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y otras legislaciones procesales del país, con el objetivo de proteger los derechos de las personas, que han sido afectados por una sentencia que se sustenta en pruebas falsas, mecanismos ilegales o actos jurídicos simulados”, dijo.
Recordó que el 26 de noviembre, el pleno analizó el amparo directo en revisión 6585/2023, por lo que se estudiará si es procedente la nulidad de juicio concluido en materia mercantil.
Oposición alerta riesgo de reabrir juicios
Por Tania Gómez
La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)reabra casos ya resueltos, conocida como “cosa juzgada”, generó críticas entre senadores del PAN y Movimiento Ciudadano, quienes advirtieron sobre los graves riesgos para la seguridad jurídica y el Estado de derecho en México, que afectaría tanto a ciudadanos como a empresas, además de poner en tela de juicio la estabilidad del país ante la comunidad internacional.
“La realidad es que ésa es una catástrofe legal. No entiendo el posicionamiento de las ministras y ministros. La cosa juzgada lo que hace es generar seguridad para todas y para todos, se llama seguridad jurídica, es el término correcto”, consideró Raymundo Bolaños, del PAN.
Señaló que el efecto de abrir nuevamente sentencias ya ejecutadas sería devastador: “¡Es riesgosísimo! Aprobar eso por parte de un ministro o ministra refleja ignorancia total de lo que significa el Estado de derecho”.
Alejandra Barrales, vicecoordinadora de MC en la Cámara alta, también expresó su preocupación: “Para nosotros es muy preocupante. Preocupados desde que vinieron todos estos cambios en el Poder Judicial, sin duda. Pero justo este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que acompañar, porque hay preceptos en la Constitución, en la forma de impartir justicia en nuestro país históricamente. Uno de ellos es el de la cosa juzgada, que son temas fundamentales de derecho y, diría yo, también de justicia”.
Consideró delicado que “quienes debieran de tener el dominio de estos preceptos, de lo que la ley señala, de lo que la Constitución señala, hoy lo estén no solamente poniendo en duda, sino que de hecho están tratando de controvertirlo”.
Tanto Bolaños Azócar como Barrales Madaleno coinciden en que la inseguridad jurídica que generaría la apertura de casos ya resueltos tendría consecuencias graves para la inversión y la economía nacional.
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FGR
