El esquema de testigos protegidos, al que se han apegado narcotraficantes procesados en Estados Unidos, ha generado polémica debido al peso que tiene la palabra —antes que la verificación— dentro del sistema de justicia estadounidense, consideraron expertos consultados por La Razón.
Jorge Rebolledo, investigador del CIDE, dijo que esta práctica no es reciente ni aislada, pues ha sido utilizada desde hace décadas como un mecanismo para presionar, negociar y construir casos que, de otro modo, serían difíciles de documentar.
“Pueden tener consecuencias amplias incluso sin pruebas verificables, ya que en Estados Unidos la palabra de un testigo protegido suele tomarse como válida para abrir investigaciones”, dijo.
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- EL DATO: LA FISCAL general de EU, Pam Bondi, dijo que la declaración de Guzmán es una gran victoria contra el Cártel de Sinaloa, y subrayó la campaña contra grupos “terroristas”.
La reciente declaratoria de culpabilidad de Joaquín El Güero Guzmán López se suma a la lista de capos que han buscado obtener este beneficio legal al cooperar con el gobierno en la lucha contra el narcotráfico.
El Güero, al igual que su hermano Ovidio, ha intentado suavizar sus condenas y evitar la pena de muerte; no obstante, especialistas apuntan que esto responde también a una estrategia política de Estados Unidos para fortalecer su narrativa de combate al narcotráfico.
Entre los capos que se han sumado al programa de testigos protegidos destaca Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, quien fue sentenciado a 15 años de prisión; sin embargo, en 2021 dejó de estar recluido en EU.
Se especula que El Vicentillo obtuvo su libertad al negociar con las autoridades y convertirse en una pieza clave en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán. También se ha señalado que recibió una nueva identidad y ahora vive en libertad.
“En otros tiempos, cuando los grandes capos no eran tan famosos como Pablo Escobar o El Chapo, cumplían condenas breves, les permitían mantener sus fortunas, obtenían ciudadanía estadounidense y una nueva identidad para ellos y su familia. Muchos se asentaron en Miami”, explicó Rebolledo.
Añadió que ese tipo de beneficios se aplicaron incluso con narcotraficantes colombianos, consolidando un esquema que favorece la cooperación por encima del castigo.
Otro caso que destaca es el de Dámaso López, El Licenciado, uno de los operadores más cercanos de El Chapo. Fue capturado en 2017 y extraditado a EU en 2018, donde fungió como testigo en el juicio contra Guzmán Loera. Aunque inicialmente enfrentaba cadena perpetua, su pena se redujo a 15 años y su liberación se programó para enero de 2023.
“Seguramente también tuvo muchos beneficios. Desapareció mucha información sobre él, y muchos expedientes de su caso (...) lo que indica que hubo algún trato y desaparecieron el expediente para otorgarle beneficios”, dijo el académico.
Raquel Saed, académica de la Universidad Iberoamericana (UIA) y conductora del pódcast Hablemos de EU, señala que estas negociaciones con grandes capos no son únicamente estrategias jurídicas, sino también movimientos políticos.
Consideró que la declaración de culpabilidad de El Güero se enmarca en un contexto más amplio, que incluye acciones recientes como el ataque con explosivos a lanchas en el Caribe por parte del gobierno de Donald Trump y el indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.
Esta acción, dijo, junto con la narrativa sobre Venezuela —a la que Washington acusa de tránsito pero no de producción— envía un mensaje selectivo sobre quiénes son “perdonables”, lo que pra la especialista muestra cómo EU utiliza el narcotráfico como herramienta de negociación y presión internacional.
Saed cuestionó también las declaraciones “confusas y contradictorias” sobre el actuar de El Güero, especialmente la versión estadounidense de que actuó por su cuenta en el presunto secuestro de El Mayo, pues consideró ilógico que alguien secuestre y vuele a Estados Unidos sin un objetivo o pacto claro.
Ambos expertos coincidieron en que estas negociaciones con narcotraficantes van más allá de labores de seguridad: forman parte de una estrategia que utiliza el combate al narcotráfico con fines políticos selectivos. Por ello, la relación México–EU seguirá colocando al narcotráfico como un punto permanente de negociación y tensión bilateral.
