El exagente de alto nivel de la DEA Paul Campo y su socio Robert Sensi fueron acusados de asociación delictuosa para lavar millones de dólares y obtener armas de fuego y explosivos para un cártel narcotraficante de México designado por Estados Unidos (EU) como organización terrorista extranjera, según registra un acta de acusación revelada el viernes en la ciudad de Nueva York.
Paul Campo, veterano de 61 años procedente de Oakton, Virginia, se retiró de la DEA en 2016 después de una carrera de 25 años y de su ascenso a subdirector de operaciones financieras de la agencia. Enfrenta cuatro cargos federales ante la justicia de su país por asociación delictuosa relacionados con presunto narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero. Los mismos cargos fueron presentados contra su asociado, Robert Sensi, de 75 años, originario de Boca Ratón, Florida.
- El Tip: Al presentar la campaña “América libre de fentanilo”, la DEA dijo que con los operativos contra la fabricación de fentanilo, los narcotraficantes han cambiado sus prácticas.
La acusación presentada por un jurado investigador federal en Manhattan dice que Campo y Sensi hicieron tratos con una fuente confidencial que se hacía pasar por miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que estaba dirigida por funcionarios policiales.
Paul Campo y Robert Sensi acordaron lavar alrededor de 12 millones de dólares para el CJNG y convirtieron 750 mil dólares en efectivo en criptomonedas para el grupo, dice la acusación. También proporcionaron un pago por aproximadamente 220 kilogramos de cocaína que, según les dijeron, se distribuiría y vendería en Estados Unidos (EU) por alrededor de cinco millones de dólares para obtener una parte de las ganancias.
Dijeron que investigarían cómo adquirir drones comerciales y armas de grado militar para el cártel, incluyendo rifles semiautomáticos AR-15, carabinas M4, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes, alega la acusación.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, agregó en el comunicado que “aunque Campo ya no está empleado por la DEA, la actividad de que se le acusa deshonra a los oficiales actuales de la ley y socava la confianza pública en la policía”.