La Fiscalía General de la República (FGR), con autorización del gobierno de Guatemala, país que extraditó en 2017 a Javier Duarte Ochoa, presentó ante un juez federal una nueva acusación contra el exgobernador de Veracruz por el presunto desvío de fondos federales que estaban destinados a programas de salud.
Según la acusación, el delito imputado es el de peculado. Esto representa la primera vez que la FGR procesa directamente al exmandatario por corrupción vinculada a su administración, entre 2010 y 2016, distinto de los cargos por los que fue extraditado.
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los fondos desviados durante su administración sumarían más de 62 mil millones de pesos.
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Se detectaron al menos 326 operaciones irregulares, en las que recursos públicos asignados a salud, educación, seguridad, asistencia social, obras y auxilios por desastres naturales fueron redirigidos mediante empresas fantasma o cuentas simuladas.
Uno de los testigos clave del caso es Tarek Abdalá Saad, extesorero de Veracruz, quien confesó ante la FGR que Javier Duarte quien puso en marcha el mecanismo de desvíos.
Según su declaración, los recursos públicos fueron usados no solo para gastos irregulares del Estado, sino también con fines personales del exgobernador y para beneficiar a sus allegados.
Con este proceso se abre la posibilidad de que la FGR solicite una medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que podría impedir una eventual libertad anticipada del exgobernador.
Actualmente, Duarte purga una condena de nueve años por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita que terminaría en abril de 2026; sin embargo, con esta medida podría enfrentar un nuevo proceso en prisión.
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cehr
