La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo la reparación del daño a favor del Estado Mexicano por 62 millones 877 mil 192 pesos, monto que corresponde a recursos desviados del presupuesto de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2015, a través de un convenio irregular con la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).
Según informó la propia fiscal, Ernestina Godoy Ramos, este caso está relacionado con el delito de uso indebido de atribuciones y facultades cometido por dos personas identificadas como Ricardo “M” y José “M”.
El primero se desempeñaba como Director General Adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de Sedesol, mientras que el segundo fungía como autoridad de una universidad estatal, según reportes periodísticos.
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De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Federal (MPF), ambos realizaron un convenio en el cual no se garantizó al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Esto se debió a que la UIEM subcontrató la totalidad de los servicios con terceros a un precio inferior, generando un daño a la Hacienda Pública Federal por el monto señalado.
Las autoridades demostraron que a los imputados se les otorgaron los sustitutivos legales del Código Penal Federal, siempre y cuando garanticen o cubran el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados. Esto implica que podrán permanecer en libertad bajo esas condiciones.
El caso fue dado a conocer tras una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó irregularidades en un contrato por más de 124 millones de pesos entre Sedesol y la UIEM para la aplicación de los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas, cuyo objetivo era identificar a personas en situación de pobreza extrema, no obstante, ni las empresas subcontratadas ni la universidad entregaron cumplieron con lo establecido en el contrato.
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MSL
